El Gobierno de México ha presentado un total de 269 solicitudes formales de extradición a Estados Unidos en los últimos ocho años, de las cuales únicamente 36 han sido resueltas favorablemente. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Reclamo por falta de reciprocidad
La mandataria mexicana reclamó la falta de reciprocidad judicial por parte de Estados Unidos y defendió la postura de su Administración de solicitar información adicional en procesos contra mexicanos señalados por Washington, como es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico.
Datos de las extradiciones pendientes
De acuerdo con Velasco, de las 269 solicitudes de extradición, 183 corresponden a peticiones formales de extradición, mientras que 50 son solicitudes de detención provisional aún abiertas. En 47 de estas últimas, las autoridades estadounidenses han solicitado información adicional a México.
El canciller explicó que esta práctica es común entre ambos países y está prevista en el tratado bilateral de extradición. “La conclusión jurídica permite a los gobiernos pedir, en cualquier momento del proceso, mayor información sobre las solicitudes de extradición”, afirmó.
Obligación de revisar solicitudes
Velasco subrayó que México está obligado a revisar exhaustivamente cada solicitud antes de proceder, especialmente cuando involucran a ciudadanos mexicanos. “Si la descripción de un delito es demasiado vaga o genérica, tenemos la obligación legal de requerir más elementos”, precisó.
Esta postura ha sido defendida por el Gobierno mexicano ante las críticas surgidas tras las acusaciones de Estados Unidos contra 10 mexicanos, incluido Rocha Moya, asegurando que el procedimiento responde a obligaciones jurídicas establecidas.
Casos de alto impacto pendientes
La Presidenta Sheinbaum señaló que existen casos de alto impacto para México que no han sido resueltos por Estados Unidos, como los relacionados con factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada y el caso Ayotzinapa. “No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, añadió.
Tensión bilateral en aumento
El caso de Rubén Rocha Moya ha generado una fuerte controversia política en México. El gobernador con licencia solicitó separarse del cargo hace más de dos semanas mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala, junto con otros nueve funcionarios, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Esta situación ha incrementado las tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en un contexto de cooperación judicial que ambos países consideran fundamental para la seguridad regional.
