Diputados urgen políticas públicas para mejorar el transporte y evitar monopolios en México
Diputados federales encargados de comisiones relacionadas con el sector del transporte han hecho un llamado urgente para mejorar las políticas públicas en este ámbito. Enfatizan que no deben operar monopolios y que los precios del transporte deben ser accesibles para todos los ciudadanos, garantizando así el derecho constitucional a la movilidad.
Falta de competencia y sobreprecios en el autotransporte
Actualmente, en la Cámara de Diputados no existe una iniciativa específica destinada a resolver la problemática del transporte. Sin embargo, los legisladores Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) y Patricia Mercado Castro (Movimiento Ciudadano) han señalado que más que nuevas leyes, se necesita hacer cumplir las existentes para regular adecuadamente la competencia en el autotransporte en autobús.
"No implica que al Estado deba fijar precios o prestar directamente todos los servicios de transporte, sino que le corresponde garantizar que ese derecho sea efectivo, principalmente a través de políticas públicas, regulación adecuada y condiciones de acceso equitativas", explicó el diputado Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Por su parte, la diputada Mercado Castro afirmó: "Sabemos que el problema no es sólo de oferta de transporte, sino de estructura de mercado. Cuando el servicio está concentrado, con barreras de entrada, permisos rígidos y acceso opaco a terminales, la competencia desaparece".
El papel del Estado en la garantía del derecho a la movilidad
El derecho a la movilidad, reconocido en el Artículo Cuarto de la Constitución, no significa que el Estado deba controlar precios o operar servicios directamente. En cambio, su rol es asegurar que este derecho se cumpla mediante políticas públicas efectivas. Pérez Díaz destacó que el Estado puede fortalecer el transporte público a través de:
- Inversión en infraestructura.
- Planeación metropolitana integral.
- Subsidios focalizados cuando sea necesario.
- Eliminación de barreras regulatorias innecesarias.
- Revisión de esquemas de concesión para promover la libre concurrencia.
Además, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial obliga a los tres órdenes de gobierno a generar sistemas de movilidad accesibles, seguros y eficientes. "El derecho a la movilidad no se garantiza únicamente con precios bajos, sino con un ecosistema de opciones reales, donde el usuario pueda elegir entre distintas alternativas de transporte que compitan en calidad, cobertura y costo", definió Pérez Díaz.
Instrumentos existentes para evitar abusos
Los diputados señalaron que ya existen instituciones y herramientas jurídicas para prevenir prácticas monopólicas y proteger a los consumidores, pero su eficacia depende de una coordinación real entre políticas de competencia, regulación sectorial y protección al consumidor. Entre estas instituciones se encuentran:
- Comisión Nacional Antimonopolio (Cofece), encargada de sancionar prácticas monopólicas.
- Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para proteger los derechos de los usuarios.
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que regula concesiones y permisos.
"Sí existen instrumentos jurídicos e instituciones para frenar abusos, pero su eficacia depende de una coordinación real. Más que controlar precios, el reto está en garantizar mercados abiertos, competidos y transparentes", propuso Pérez Díaz.
La movilidad como derecho social
Patricia Mercado argumentó que es necesario hacer valer la política de competencia como una política social, para que más mexicanos puedan trasladarse sin que el costo del boleto sea una barrera. "Más competencia es más movilidad, y más movilidad es más derechos", definió.
En la actual legislatura, no se ha recibido una iniciativa central para garantizar precios competitivos en el transporte de autobuses a nivel nacional. Sin embargo, Mercado mencionó una iniciativa para reformar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, que busca evitar prácticas monopólicas.
"No necesitamos nuevas leyes, necesitamos hacer cumplir las que ya existen en materia de competencia económica y regulación del autotransporte", afirmó Mercado. Bajo esta premisa, enumeró acciones necesarias:
- Eliminar barreras de entrada al mercado.
- Flexibilizar rutas y transparentar el acceso a terminales.
- Sancionar prácticas anticompetitivas de manera efectiva.
De aplicarse estas medidas, se tendrían más operadores, mayor competencia, y en consecuencia, mejores precios y servicios para los usuarios.
Impacto de la falta de competencia en múltiples aspectos
La diputada Mercado detalló que sin competencia, se deterioran varios principios esenciales del transporte:
- Seguridad vial, debido al recorte en mantenimiento de unidades.
- Accesibilidad, cuando las tarifas superan el ingreso de las personas.
- Eficiencia, al no optimizarse rutas ni cobertura.
- Sostenibilidad, por la falta de flotas con energías limpias.
- Calidad, al haber pocas alternativas para los usuarios.
- Inclusión, al no adaptarse el servicio a personas en situación de vulnerabilidad.
- Igualdad, porque moverse depende del poder adquisitivo.
"Todos esos principios están enunciados en la definición del derecho a la movilidad en la Constitución", explicó Mercado. Para ella, el Estado debe actuar activamente, ya que "cuando se trata de derechos, el Estado no puede ser neutral".
Concluyó que este no es un debate ideológico, sino una tarea de política pública: hacer que el transporte funcione mejor para la gente. "Porque cuando hay competencia, hay mejores precios; cuando hay mejores precios, hay más movilidad; y cuando hay más movilidad, hay más igualdad de oportunidades", finalizó la diputada Mercado.
