El conflicto por Playa Las Cocinas en Punta Mita, Nayarit, ha escalado en los últimos días, provocando severas afectaciones viales y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. De acuerdo con reportes locales, elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Nayarit detuvieron al menos a tres manifestantes tras un altercado registrado en la zona de construcción del desarrollo Montage.
Bloqueo en carretera federal 200
Los pobladores mantenían un bloqueo en la carretera federal 200, a la altura del crucero hacia Higuera Blanca, en protesta por el uso de maquinaria pesada que, según afirman, levanta un muro de piedra a escasos metros del mar. Esta acción afecta zonas de anidación de tortugas marinas y altera la línea natural de la costa. Ante este escenario, autoridades federales y estatales mantienen atención institucional permanente para encauzar el diálogo y garantizar el acceso público a Playa Las Cocinas, ubicada en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Coordinación entre Federación, Estado y comunidad
En esta acción conjunta participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Nayarit, quienes mantienen comunicación directa con habitantes y actores involucrados, ante las manifestaciones surgidas por el desarrollo de un proyecto turístico en la zona. Las reuniones incluyen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridades estatales, representantes de la empresa desarrolladora y pobladores de Punta Mita.
Mesas de trabajo y supervisión ambiental
Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de diálogo para atender las inquietudes de la comunidad, revisar el avance de las obras en Playa Las Cocinas y dar seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales. Asimismo, la Semarnat realizará labores de supervisión y verificación para asegurar que cualquier intervención cumpla con la normativa vigente.
Legalidad, desarrollo y respeto al entorno como ejes
La Secretaría de Gobernación reiteró que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme a la ley, por lo que será un eje central en la toma de decisiones. En este sentido, se busca que la inversión se desarrolle bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto ambiental, además de contribuir al empleo y al desarrollo económico local. Las autoridades aseguraron que continuará la interlocución para alcanzar soluciones pacíficas e institucionales.
