Brugada propone llevar a la Constitución el tope a rentas y una política contra la gentrificación
El gobierno de la Ciudad de México enviará al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las rentas de vivienda no puedan aumentar por encima de la inflación anual y para obligar a la autoridad a desplegar una política pública permanente contra la gentrificación. La propuesta incorpora, además, la creación de una institución pública dedicada a mediar y defender derechos en las relaciones entre arrendadores e inquilinos, y fija el mandato de ampliar la oferta de vivienda social mediante la adquisición de suelo.
Anuncio oficial y ruta legislativa
El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, durante una conferencia en la que detallaron el contenido del proyecto de decreto que se turnará al Poder Legislativo. La ruta, explicaron, tendrá dos fases: primero la modificación constitucional y, posteriormente, la expedición de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Según lo expuesto, el eje central de la reforma es elevar a rango constitucional el principio de que los contratos de arrendamiento de uso habitacional no podrán registrar incrementos anuales por encima de la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La medida, señalaron, busca dar sustento jurídico permanente a un criterio que ya ha sido discutido en tribunales y que, desde su perspectiva, requiere blindaje para evitar retrocesos.
Mercado en expansión y justificación de la iniciativa
La administración capitalina justificó la iniciativa con datos sobre el crecimiento del mercado de renta y su impacto en los hogares. En la ciudad, alrededor de dos millones de personas habitan viviendas rentadas, es decir, uno de cada cuatro residentes. Entre 2010 y 2020, añadieron, el número de inquilinos aumentó en 135 mil personas, y en las zonas centrales más de 40 por ciento de la población vive bajo este régimen.
Citaron también estudios académicos según los cuales, entre 2019 y 2023, en algunas colonias el precio de las rentas se incrementó más de 30 por ciento. A la par, con base en cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio de la vivienda en la capital se duplicó entre 2015 y 2025.
El gobierno subrayó que el fenómeno afecta de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos: casi 40 por ciento de los hogares más pobres vive en renta y puede destinar hasta la mitad de su ingreso al pago mensual. También impacta a la población joven: más de la mitad de quienes rentan son menores de 30 años y sólo uno de cada diez cuenta con vivienda propia.
Reserva territorial, vivienda social y mediación pública
Además del tope a los incrementos, la reforma plantea que la Constitución obligue al gobierno a instrumentar una política integral para incrementar “de manera significativa” la oferta de vivienda social y asequible, con especial atención a jóvenes y grupos de atención prioritaria. Para ello, se establece el mandato de ampliar de forma permanente la reserva territorial mediante la adquisición de suelo.
También está la creación de una institución pública encargada de promover, orientar y defender los derechos y obligaciones en las relaciones inquilinarias. Su función sería mediar conflictos y ofrecer certidumbre tanto a arrendadores como a arrendatarios, en un mercado caracterizado por contratos desiguales y disputas frecuentes.
La iniciativa incorpora también el reconocimiento de un nuevo derecho: el arraigo vecinal y comunitario. Este concepto alude al vínculo social, cultural, económico y territorial de las personas con el lugar donde han desarrollado su vida, y se acompaña del mandato expreso de implementar una política pública contra la gentrificación y a favor de la permanencia de los residentes.
Calendario legislativo y alcances
El proyecto será enviado al Congreso de la ciudad en los próximos días. Sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional, su discusión en el pleno deberá esperar al siguiente periodo legislativo, que inicia en septiembre. La intención del gobierno es que, en ese mismo periodo, se analice también la ley secundaria que detallará mecanismos, atribuciones institucionales y procedimientos.
Funcionarios presentes en la conferencia señalaron que, de aprobarse, la capital sería pionera en establecer en su Constitución un límite explícito a los incrementos de renta y una obligación gubernamental concreta para combatir la gentrificación desde la política pública de vivienda.
