El Congreso de la Ciudad de México se prepara para analizar la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en materia de rentas justas, razonables y asequibles. La iniciativa ya llegó al recinto legislativo, pero se aprobará hasta el siguiente periodo, después del Mundial. Con esta iniciativa, la capital se convertiría en la primera ciudad en el mundo en establecer un límite al incremento de los alquileres y en articular políticas públicas contra la gentrificación.
Posturas encontradas en el Congreso
Legisladores del PAN advirtieron que la iniciativa podría generar escasez de vivienda, desincentivar la inversión y vulnerar la propiedad privada. Morena aseguró que lo dicho por el PAN es mentira, ya que se protegerá a arrendadores y a arrendatarios. El PVEM se mantuvo firme en que analizará la propuesta con profundidad y sin prejuicios.
Detalles de la propuesta
De acuerdo con el documento, la propuesta busca reformar el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el fin de evitar que la gentrificación afecte a la población. Para ello plantea que los precios de las rentas no pasen por encima de la inflación; el Gobierno tendrá la obligación de incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible; se creará la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones entre arrendadores y arrendatarios. Se incorpora el derecho constitucional de todos los habitantes de la ciudad al arraigo vecinal y comunitario. “Esta iniciativa busca que todas las personas que habitan la ciudad sean beneficiarias de su crecimiento, que nadie quede excluido de los beneficios que ofrece una ciudad de derechos, basada en la prosperidad compartida”, precisa el documento.
Advertencias del PAN
La bancada del PAN señaló que esta reforma no va a generar vivienda social, sino que va a generar “clientelas políticas” y va a beneficiar a grupos de presión, a vivienderos y ocupaciones ilegales. Precisaron que el Estado no debe decidir en dónde vive la gente, cuánto paga, ni con quién contrata. “Queremos un mercado libre, competitivo, con reglas claras, donde haya más oferta y mejores precios. No queremos que se ponga en riesgo la propiedad privada”. El vicecoordinador del grupo parlamentario, Diego Garrido, advirtió que la iniciativa representa “un ataque directo a la propiedad privada, a la libertad económica y hasta al sentido común”; señaló que medidas como el control de rentas mediante tabuladores vulneran el derecho de propiedad y trasladan la responsabilidad del acceso a vivienda a los particulares. El legislador Ricardo Rubio cuestionó la creación del Instituto de Inquilinos al considerarlo innecesario ya que “existen mecanismos como el Instituto de Mediación del Tribunal Superior de Justicia”, por lo que su implementación solo generaría más burocracia. “Atención: cuando se imponen precios máximos, lo primero que se genera es escasez”, señaló el coordinador del PAN, Andrés Atayde, al explicar que este tipo de medidas también reducen la calidad de la vivienda y pueden propiciar la aparición de mercados informales.
Defensa de Morena
Luego de los señalamientos del PAN, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchilt Bravo, señaló que las declaraciones son mentiras, “narrativas absurdas” y precisó que lo que se busca con esta iniciativa es proteger a arrendadores y a arrendatarios. “Lo fundamental es proteger los derechos de ambos… Con esta iniciativa se construyen soluciones integrales”, dijo. La legisladora dejó claro que no se modificará el Código Civil, detalló que la reforma implementa una política integral de vivienda, con coordinación y charla directa, y adelantó que será aprobada después de septiembre, en el siguiente periodo de sesiones.
Opinión del PVEM
El diputado Jesús Sesma destacó que esta iniciativa representa un tema de gran relevancia para la vida pública de la capital, debido a que la vivienda no es un privilegio, sino un derecho. “Sin embargo, garantizar este derecho en una ciudad tan compleja como la nuestra implica enfrentar desafíos reales, como el acceso equitativo, la estabilidad en los arrendamientos, la protección contra abusos y, al mismo tiempo, brindar certeza jurídica a quienes rentan e invierten en vivienda”, afirmó. Sesma Suárez enfatizó que el reto central será encontrar un equilibrio entre los derechos de inquilinos y propietarios, por lo que hizo un llamado a evitar juicios anticipados y apostar por un análisis serio, técnico y abierto.
