Una iniciativa presentada en el Congreso de México busca castigar penalmente a los funcionarios públicos que emitan información falsa de manera oficial. La propuesta, que ha generado debate entre legisladores y expertos, establece penas de prisión de hasta seis años y multas significativas para quienes incurran en esta práctica.
Detalles de la iniciativa
El proyecto de ley, impulsado por un grupo de diputados de distintos partidos, tipifica como delito la difusión de datos falsos por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa define como 'mentira oficial' cualquier declaración o documento emitido por una autoridad que contenga información falsa y que pueda afectar la confianza ciudadana o tomar decisiones basadas en datos incorrectos.
Penas propuestas
Según el texto, las sanciones incluyen:
- Prisión de tres a seis años.
- Multas equivalentes a cien a quinientos días de salario mínimo.
- Inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período igual al de la condena.
Reacciones
La propuesta ha recibido opiniones divididas. Mientras algunos legisladores la consideran necesaria para combatir la corrupción y la desinformación, otros advierten sobre posibles usos políticos para silenciar a funcionarios. Organizaciones de la sociedad civil han expresado su respaldo condicional, pidiendo que se garantice el debido proceso.
Contexto
La iniciativa surge en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, luego de varios casos de información oficial contradictoria durante la gestión de la pandemia y otros eventos. Expertos en derecho penal han señalado que la medida podría ser un paso importante para la transparencia, pero subrayan la necesidad de definir claramente qué constituye una 'mentira oficial' para evitar abusos.
El dictamen se espera que sea discutido en comisiones en las próximas semanas, y de ser aprobado, pasaría al pleno para su votación final.
