Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a los prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a pagar 578 millones de dólares por su participación en una red de lavado de dinero. La sentencia, emitida por una corte federal en Brooklyn, Nueva York, busca recuperar los activos obtenidos de manera ilícita durante la administración de García Luna, quien fue hallado culpable de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Detalles de la condena
El fallo judicial establece que los acusados, identificados como testaferros del exfuncionario, deberán restituir la suma millonaria al gobierno de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron que estos individuos facilitaron el lavado de dinero proveniente de sobornos y pagos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Investigación y pruebas
La investigación, que duró varios años, incluyó testimonios de colaboradores y pruebas documentales que demostraron cómo los prestanombres adquirieron propiedades, vehículos de lujo y otros bienes con recursos ilegales. Entre los activos confiscados se encuentran inmuebles en Texas y Florida, así como cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El caso de García Luna ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en México, y esta condena representa un paso importante en la recuperación de activos robados al erario público. Las autoridades estadounidenses han reiterado su compromiso de perseguir a todos los involucrados en esta red de corrupción.
Reacciones en México
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha manifestado su respaldo a la decisión judicial y ha señalado que continuará colaborando con las autoridades estadounidenses en casos de corrupción transnacional. Por su parte, organizaciones civiles han celebrado la sentencia, aunque advierten que aún falta que se castigue a otros funcionarios implicados.
Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable en febrero de 2023 por un jurado en Nueva York de cinco cargos, incluyendo asociación delictuosa para traficar cocaína y declaraciones falsas. Su sentencia final se espera para los próximos meses, y podría enfrentar cadena perpetua.
