El exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, enfrenta un proceso legal por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos durante su mandato, que abarcó de febrero de 2016 a octubre de 2021. Las acusaciones también involucran a Carlos García Noriega, quien fungió como secretario de Planeación y Finanzas en esa administración priista.
Desvío de tres millones de pesos para Protección Civil
Uno de los casos señala el supuesto desvío, en 2019, de aproximadamente tres millones de pesos destinados al pago de un servicio de Protección Civil que nunca se ejecutó. Hasta el momento, no se ha aclarado el destino final de esos fondos.
Investigación por casi 100 millones de pesos
La Fiscalía Anticorrupción de Colima también indaga el presunto desvío de cerca de 100 millones de pesos que originalmente se asignaron para la construcción del edificio del C5i y la remodelación del Palacio de Gobierno, obras que no se realizaron.
Pagos por consultorías y asesorías fantasma
La gestión de Peralta Sánchez enfrenta sospechas de pagos por conceptos de consultoría y asesoría que, según las investigaciones, nunca se llevaron a cabo. Estos señalamientos forman parte de las pesquisas en su contra.
Crisis de liquidez al final del gobierno
Al concluir su administración en 2021, Colima padeció una severa crisis de liquidez que impidió el pago de nóminas a burócratas y maestros. Esto motivó auditorías profundas que derivaron en carpetas de investigación.
Vinculación a proceso histórica
Peralta Sánchez pasa a la historia como el primer exgobernador de Colima vinculado a proceso, junto con su excolaborador García Noriega, por su presunta participación en los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El pasado 6 de mayo, un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso con base en los elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, que buscan demostrar que ambos exfuncionarios participaron en un esquema de desvío de recursos públicos mediante la simulación de servicios no realizados.
Medidas cautelares y plazo de investigación
Tras una audiencia de siete horas, el Juez de Control otorgó la medida cautelar para que los imputados sigan su proceso en libertad, con la obligación de firmar el libro judicial. Se fijó un plazo de cinco meses para que el Ministerio Público presente la investigación complementaria.
“Vamos a buscar agregar una serie de análisis, de referencias de carácter jurídico, pruebas, etcétera, que nos permitan fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se actuó apegado a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, declaró Peralta Sánchez al retirarse de los juzgados.
