En un comunicado oficial del gobierno estatal de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos reitera su disposición a mantener comunicación con el Gobierno Federal sobre los procesos en curso. Sin embargo, hasta el momento no ha respondido a la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la contactó tras la muerte de dos agentes de la CIA ocurrida durante un operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas el fin de semana.
Falta de claridad en los hechos
Maru Campos afirma estar en total coincidencia con la presidenta respecto a que los gobiernos deben trabajar juntos por la seguridad y la integridad soberana del país, en el marco de las leyes y en un ambiente de confianza y coordinación. No obstante, no se han aclarado las circunstancias reales en que los agentes de la CIA viajaban en uno de los automóviles accidentados al regresar del operativo. Esta situación sugiere que no existe una colaboración efectiva entre los gobiernos estatal y federal, ni se respeta plenamente el marco legal, lo que impide generar confianza y coordinación.
Reunión con García Harfuch sin explicaciones
El comunicado menciona la reunión de la gobernadora con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero no ofrece justificación alguna sobre la presencia de los agentes de la CIA ni sobre otras tres intervenciones previas denunciadas en medios estadounidenses. La falta de información oficial sobre los hechos y la percepción de que Chihuahua actuó por iniciativa propia, sin informar al gabinete de Seguridad federal, constituyen una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.
Riesgo de destitución
De acuerdo con el artículo 110 constitucional, los gobernadores pueden ser sujetos a juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales. Las sanciones incluyen la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la facultad de iniciar el proceso, lo que podría truncar las aspiraciones presidenciales de Maru Campos para 2030.
La incertidumbre persiste mientras la ciudadanía espera respuestas sobre un caso que involucra la soberanía nacional y la cooperación internacional en materia de seguridad.
