El secretario particular de Adrián, identificado como Juan Pérez, omitió declarar varias propiedades y vehículos en su declaración patrimonial, según una investigación realizada por este medio. La omisión incluye dos inmuebles en zonas residenciales de la Ciudad de México y tres automóviles de lujo, cuyo valor total supera los 10 millones de pesos.
Detalles de la omisión
De acuerdo con los documentos obtenidos, el funcionario no reportó una casa en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, valuada en aproximadamente 6 millones de pesos, ni un departamento en la colonia Condesa, con un valor de 3.5 millones de pesos. Además, omitió un vehículo Audi A4 2020, un BMW Serie 3 2019 y una camioneta Mercedes-Benz GLC 2021, cuyo valor conjunto asciende a 2.5 millones de pesos.
La declaración patrimonial presentada por Juan Pérez en 2023 solo incluía un vehículo de gama media y una cuenta bancaria con un saldo de 200 mil pesos, lo que contrasta fuertemente con los bienes no declarados.
Posibles consecuencias legales
La omisión de bienes en la declaración patrimonial podría constituir un delito de enriquecimiento ilícito o falsedad en declaraciones, según expertos en derecho penal. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos están obligados a declarar todos sus bienes, y el incumplimiento puede ser sancionado con multas, inhabilitación o incluso prisión.
- Multa de hasta 100 mil pesos por omisión.
- Inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta 10 años.
- Posible proceso penal por enriquecimiento ilícito si se demuestra que los bienes no corresponden a ingresos lícitos.
Reacción del gobierno
Hasta el momento, ni el secretario particular ni la oficina de Adrián han emitido una declaración oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas indican que el funcionario podría presentar una declaración complementaria para regularizar su situación. La Contraloría General de la Ciudad de México ha anunciado que iniciará una investigación de oficio para determinar si hubo alguna irregularidad.
Este caso se suma a una serie de omisiones detectadas en declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos en los últimos meses, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de los mecanismos de control y transparencia en el gobierno.
