Congreso de Baja California implementa recorte presupuestal anticipado de 52.6 millones de pesos
En un movimiento significativo de austeridad, la XXV Legislatura del Congreso de Baja California, bajo la presidencia de Michel Sánchez Allende, ha aprobado por consenso una reducción de 52 millones 648 mil 55.99 pesos a su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026. Esta decisión se perfila como una acción voluntaria y adelantada, anticipándose a las disposiciones del denominado Plan B federal, que establece la obligatoriedad de tales ajustes hasta 2027.
Un acuerdo unánime en un órgano legislativo plural
La presidenta del Congreso, Michel Sánchez Allende, destacó que este acuerdo refleja un ejercicio de responsabilidad compartida en un órgano legislativo caracterizado por su pluralidad. Aunque existen diferencias ideológicas entre las bancadas, todas coincidieron en la necesidad de fortalecer la disciplina en el uso de los recursos públicos, subrayando un compromiso con la transparencia y la eficiencia.
Los ahorros se derivan de ajustes en diversos rubros operativos, incluyendo:
- Alimentación del personal
- Adquisición de vehículos
- Servicios de telefonía y comunicación
- Papelería y otros insumos administrativos
Estos recortes permitieron generar una bolsa significativa sin afectar las funciones sustantivas del Congreso, asegurando que las labores legislativas y de representación ciudadana continúen sin interrupciones.
Impacto y destino de los recursos liberados
El Congreso precisó que esta reducción impacta directamente su presupuesto interno, el cual forma parte del gasto estatal total. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda definir el destino de los recursos liberados, con la expectativa de que sean canalizados a sectores prioritarios como:
- Salud
- Educación
- Municipios
Esto previa revisión en la Comisión de Hacienda, donde se evaluará la asignación para maximizar los beneficios para la ciudadanía. Diputadas y diputados coincidieron en que este recorte debe traducirse en beneficios tangibles para la población, marcando así una ruta inicial hacia una política de mayor austeridad y eficiencia en el gasto público.
Un precedente estatal antes del plazo legal
El acuerdo fue aprobado por unanimidad y presentado por la Junta de Coordinación Política, a partir de un planteamiento surgido en la Comisión de Administración y Finanzas. Esto consolida uno de los primeros ajustes de este tipo a nivel estatal, implementado antes del plazo legal establecido por el Plan B, que fija un tope del 0.7% del presupuesto estatal para los congresos a partir de 2027.
Este movimiento anticipado no solo demuestra un compromiso con la disciplina fiscal, sino que también establece un precedente para otras legislaturas estatales, incentivando prácticas similares de austeridad en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de fondos públicos.
