El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha mostrado señales de avance en los últimos días, pero una nueva negativa en las negociaciones podría llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La huelga, que ya supera los siete meses, mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país.
Avances recientes en las negociaciones
Según información del sindicato y reportes de autoridades laborales, las partes retomaron reuniones conciliatorias impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. El sindicato aceptó revisar el dictamen elaborado por la STPS, que propone una ruta para resolver el conflicto y someterla a votación entre los trabajadores.
La administración del Monte de Piedad confirmó su disposición a avanzar hacia una solución. En un comunicado del 11 de mayo, la institución señaló que ambas partes aceptaron priorizar el análisis de la propuesta del Gobierno Federal mediante un mecanismo "transparente, legal y democrático" con participación de los trabajadores sindicalizados.
Puntos de desacuerdo persistentes
Las negociaciones aún no concluyen debido a diferencias sobre el Contrato Colectivo de Trabajo, la reposición de plazas, jornadas laborales y prestaciones. El sindicato denuncia incumplimientos de acuerdos firmados desde 2024, mientras que la institución afirma que no se han acreditado violaciones al contrato y que varias propuestas han sido rechazadas por la dirigencia sindical.
Posible intervención de la SCJN
La SCJN podría asumir un papel central si no se alcanza un acuerdo. Un Tribunal Colegiado solicitó formalmente que la Corte atraiga el recurso de revisión sobre la legalidad de la huelga. El caso se originó cuando un juez federal concedió un amparo al Monte de Piedad y declaró "inexistente" el paro, a pesar de que más del 75% de los trabajadores respaldaron la huelga en votación sindical.
La SCJN deberá determinar si la declaratoria de inexistencia se ajusta al artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo. Si la Corte atrae el expediente, el conflicto podría establecer un precedente nacional sobre los límites de la intervención judicial en huelgas legitimadas por votación sindical. Si rechaza la atracción, el caso regresará al Tribunal Colegiado para una resolución definitiva.
Mientras tanto, la jueza laboral ordenó reuniones directas entre el patronato y los representantes sindicales para acelerar una solución negociada. Las autoridades laborales consideran que mantener el diálogo evita una ruptura definitiva y permite la reapertura gradual de sucursales de esta institución prendaria histórica.
