Tras semanas de negativa, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, aceptó finalmente que se analiza la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes de junio para aplazar la elección de juzgadores federales hasta 2028.
Cambio de postura
Por primera vez desde que un grupo de legisladores impulsa modificar la fecha de la elección de juzgadores federales, Mier admitió que existe la opción de abrir un periodo extraordinario para que dicha elección se realice en 2028 y no en 2027, como establece la Constitución, con el fin de evitar que coincida con las elecciones federales.
“Además de otros temas importantes para la agenda legislativa y para el propio gobierno de México, está un asunto que ha sido comentado tanto por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral como por legisladores, senadoras y diputados: la necesidad de posponer la fecha”, explicó Mier.
Factores a considerar
El senador detalló que no solo se trata de la fecha, sino también de la capacidad de organización y la logística que debe desarrollar el Instituto Nacional Electoral (INE). “Está la variable tiempo. Analizando costos, se estima que la elección costaría más de ocho mil millones de pesos a valor presente, y podría escalar a más de nueve mil millones para 2028. Esto impacta la capacidad de recaudación y el Presupuesto de Egresos de la Federación”, señaló.
Mier precisó que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, está analizando todas estas variables. “Si es así, tendría que ser antes de junio. Nuestro horizonte es un posible periodo extraordinario antes de ese mes, porque el Consejo General del INE inicia los procesos electorales en la segunda o tercera semana de septiembre”, agregó.
Antecedentes
El pasado 24 de abril, Excélsior informó que las elecciones de 2027 impondrían un récord en el número de puestos de elección popular, con al menos 18 mil 930 plazas en juego, incluyendo tres mil 800 jueces federales y estatales, 500 diputados federales, 17 gobernadores, mil 98 diputados estatales y 13 mil 515 regidores y síndicos de 30 entidades.
Anteriormente, Mier había asegurado que no habría reformas constitucionales en lo que restaba del periodo ordinario de sesiones, que concluyó el 30 de abril, y que no existía indicación presidencial para un periodo extraordinario. Sin embargo, ayer reconoció que la posibilidad está abierta.
