Plan B transformará finanzas legislativas con recortes millonarios
A partir de la definición de los Presupuestos de Egresos estatales para 2027, la aplicación del denominado Plan B generará una transformación radical en las finanzas de los congresos locales en México. Con la entrada en vigor de la nueva disposición al artículo 116 constitucional, los legislativos estatales tendrán un tope máximo del 0.70% del presupuesto total de sus respectivas entidades, lo que provocará una redistribución significativa de recursos hacia la obra pública.
Impacto severo en cinco congresos estatales
El análisis de los presupuestos de egresos 2026, publicados en los periódicos oficiales de las 32 entidades federativas, revela que cinco congresos perderán al menos la mitad de sus recursos actuales. La medida generará un recorte total de 4 mil 334 millones 662 mil 613 pesos que deberán canalizarse a proyectos de infraestructura en dieciséis estados.
Los estados más afectados serán:
- Morelos: Reducción del 59.5% (410 millones 734 mil 745 pesos menos)
- Tlaxcala: Disminución del 58.2% (292 millones 903 mil 697 pesos menos)
- Nayarit: Recorte del 51.1% (235 millones 575 mil 58 pesos menos)
- Quintana Roo: Pérdida del 50.8% (390 millones 986 mil 436 pesos menos)
- Michoacán: Reducción del 50% (754 millones 859 mil 731 pesos menos)
Otros congresos con disminuciones significativas
Además de los cinco casos más extremos, otros once congresos estatales experimentarán recortes considerables:
- Baja California: 46.4% menos (558 millones 530 mil 467 pesos)
- Zacatecas: 45.1% menos (242 millones 407 mil 629 pesos)
- Guerrero: 40.3% menos (413 millones 672 mil 350 pesos)
- Durango: 40% menos (240 millones 951 mil 505 pesos)
- Baja California Sur: 38.9% menos
- Campeche: 29.5% menos
- Chihuahua: 21.9% menos
- Aguascalientes: 13.6% menos
- Sinaloa: 10.2% menos
- Jalisco: 7.8% menos
- Ciudad de México: 6.4% menos (149 millones 494 mil 544 pesos)
Ciudad de México: el ajuste más moderado
El Congreso de la Ciudad de México, siendo el más costoso del país con un presupuesto actual de dos mil 343 millones 192 mil 386 pesos, experimentará la reducción porcentual más baja. Esto se debe a que su asignación actual representa apenas el 0.74% del presupuesto total de la capital, muy cerca del nuevo límite del 0.70%.
El régimen transitorio del Plan B establece claramente que los recursos no entregados a estos dieciséis congresos estatales se destinarán exclusivamente a obra pública en sus respectivas entidades, cumpliendo así con el objetivo principal de redistribución de la riqueza estatal.
Esta transformación financiera, que comenzará a aplicarse a partir de los presupuestos de 2027, representa uno de los cambios más significativos en la distribución de recursos públicos a nivel estatal en la última década, afectando directamente la operación de los poderes legislativos locales y redirigiendo fondos hacia proyectos de infraestructura que beneficiarán directamente a la ciudadanía.
