Juan José Sierra, dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha solicitado un diálogo abierto para realizar ajustes a la elección judicial programada para 2028. El sector empresarial del país confirmó la necesidad de postergar este proceso y pidió una revisión integral del mismo, advirtiendo que México requiere consolidar un sistema judicial confiable donde se privilegie la especialización por encima de criterios políticos o de popularidad.
Perfiles con sólida preparación jurídica
“Nuestro país requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de alta complejidad”, demandó la Coparmex. Recalcó que las reformas al sistema judicial tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país.
“México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas”, aseveró el organismo. Agregó que si se elevan los estándares, se contribuirá a fortalecer la carrera jurisdiccional, se dignificará la función judicial y se podrá garantizar que la impartición de justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional.
Entorno internacional complejo
La Coparmex, encabezada por Juan José Sierra Álvarez, recalcó que frente a un entorno internacional complejo, marcado por presiones económicas, desafíos comerciales y la próxima revisión del T-MEC, el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer las condiciones internas de confianza. “La consolidación del Estado de Derecho es indispensable para impulsar la inversión, generar empleo y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva que hoy enfrenta México”, insistió.
Lecciones de la elección judicial de 2025
En un posicionamiento, el organismo empresarial aseveró que la legitimidad del sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de la solidez institucional y la capacidad técnica de quienes integran los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, recordó que durante la elección judicial de 2025 se evidenciaron diversas situaciones como la baja participación ciudadana, inconsistencias operativas, la complejidad de las boletas, la insuficiencia de legislación secundaria y los cuestionamientos en torno a los mecanismos de selección de perfiles y candidaturas.
Ello, agregó, puso de manifiesto la necesidad de replantear distintos componentes del modelo, con el objetivo de preservar la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho. Por ello, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de posponer la elección judicial de 2027 a 2028, el sector empresarial consideró indispensable promover un diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa.
“Cualquier ajuste relacionado con el Poder Judicial debe construirse con diálogo, con visión de Estado y privilegiando la legalidad”, indicó la Coparmex.
