Morena analiza la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, si este no se presenta a ocupar su curul en el Senado de la República. La decisión se tomaría en las próximas horas, según fuentes cercanas al partido guinda.
Antecedentes del caso
Antonio Echevarría, quien gobernó Nayarit de 2017 a 2021, fue elegido senador por el PAN en las elecciones de 2024. Sin embargo, ha manifestado su intención de no asumir el cargo, lo que ha generado controversia en el ámbito político. Morena considera que esta acción podría constituir un delito electoral, por lo que evalúa solicitar a la FGR que investigue el caso.
Posición de Morena
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el partido no permitirá que se burle la voluntad popular. "Si el ciudadano Antonio Echevarría no se presenta a rendir protesta como senador, estaremos obligados a dar vista a la FGR para que determine si hay alguna responsabilidad penal", declaró Delgado en conferencia de prensa.
Reacciones del PAN
Por su parte, el PAN ha defendido el derecho de Echevarría a no asumir el cargo, argumentando que no existe obligación legal de hacerlo. "Cada persona tiene la libertad de decidir si desea ocupar un cargo de elección popular. No hay ningún delito en ello", afirmó el dirigente panista, Marko Cortés.
Implicaciones legales
Especialistas en derecho electoral consultados por Reforma coinciden en que la negativa a asumir un cargo de elección popular no constituye un delito en sí mismo, pero podría interpretarse como una falta de probidad o un desacato a la ciudadanía. Sin embargo, para que la FGR pueda actuar, debería existir una denuncia formal que acredite algún ilícito.
Próximos pasos
Se espera que en los próximos días Morena defina si presenta la denuncia correspondiente. Mientras tanto, el Senado ha convocado a Echevarría a rendir protesta el próximo 1 de septiembre, fecha en que inicia la nueva legislatura. De no hacerlo, se declararía vacante su curul y se llamaría al suplente.
Este caso ha reavivado el debate sobre la obligatoriedad de los cargos de elección popular y las consecuencias de rechazarlos. Organizaciones civiles han solicitado una reforma legal que establezca sanciones claras para quienes, habiendo sido electos, decidan no asumir sus funciones.
