El golpe de Washington es devastador; es la formalización de una sospecha que llevaba meses circulando. Estados Unidos lanza un misil e impone la agenda. El Departamento de Justicia acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de proteger al cártel que manda en ese estado.
Reacción de Washington
Por su parte, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes va todavía más lejos: “Se acabó la impunidad para los narcoterroristas” y “esto es solo el principio”. En la lectura de Washington, la narcopolítica en México dejó de ser una sospecha para convertirse en una realidad con graves consecuencias.
Respuesta de Sheinbaum
La respuesta de la presidenta de la República intenta llevar el conflicto al terreno de la soberanía; reacciona a la defensiva. Dice que solo extraditará a los acusados si hay pruebas sólidas e irrefutables. Este nuevo conflicto deja claro que las detenciones y los decomisos siempre fueron insuficientes, porque la voluntad política nunca acompañó a los operativos. Hoy, esa omisión tiene un alto costo: la pared se cayó.
Consecuencias políticas
Sheinbaum puede mandar todas las notas diplomáticas que quiera; lo que viene ahora es asumir los costos de no haber actuado cuando todavía podía hacerlo en sus términos. Ahora ya no son sus términos, son los de Washington. En pocas palabras: si Sheinbaum protege a Rocha Moya, mal; y si lo entrega, peor.
Este caso expone la fragilidad de la relación bilateral y las consecuencias de la inacción. La acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La comunidad internacional observa atenta mientras México enfrenta una de sus crisis diplomáticas más graves en años.
