La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, vinculados a las sangrientas campañas antidroga que supervisó durante su mandato. Un panel de tres jueces determinó por unanimidad que existen motivos sustanciales para considerar a Duterte responsable de decenas de asesinatos, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como en su presidencia.
Detalles de la acusación
En una decisión de 50 páginas, los magistrados señalaron que las pruebas indican que Duterte desarrolló, difundió e implementó una política para neutralizar a presuntos criminales. Según la fiscalía, la policía y escuadrones de la muerte ejecutaron a numerosas personas bajo sus órdenes, motivados por recompensas económicas o para evitar ser víctimas. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang describió durante las audiencias preliminares que, para algunos, matar se convirtió en una competencia perversa.
Postura de la defensa
Nick Kaufman, abogado principal de Duterte, sostuvo ante los jueces que su cliente mantiene su inocencia y defiende su legado. Argumentó que la fiscalía seleccionó ejemplos de la retórica del expresidente, sin intención de incitar violencia. Duterte, de 80 años, fue arrestado en Filipinas el año pasado y no ha asistido a las audiencias, renunciando a su derecho a comparecer. El mes pasado, los jueces lo declararon apto para ser juzgado tras retrasos por su salud.
Cifras de víctimas y contexto
Las estimaciones de muertes durante la presidencia de Duterte varían: la policía reporta más de 6,000, mientras que grupos de derechos humanos elevan la cifra hasta 30,000. En 2018, la CPI inició una investigación preliminar, y Duterte, entonces presidente, anunció la retirada de Filipinas del tribunal, medida que activistas consideraron un intento de evadir responsabilidades. Sin embargo, los jueces de apelación rechazaron recientemente una solicitud para desestimar el caso por falta de jurisdicción.
Aún no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio. Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales han reaccionado con emoción al avance del proceso, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el caso.
