El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra entre los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que este miércoles 29 de abril anunció cargos formales contra múltiples funcionarios y exfuncionarios públicos de México. La acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, incluye presuntos delitos de tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y vínculos con el grupo conocido como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Detalles de las acusaciones
Según el documento oficial, los acusados habrían colaborado directamente con la organización criminal para introducir grandes cantidades de narcóticos, como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, en territorio estadounidense. Las investigaciones señalan que estas operaciones se sostenían mediante redes de corrupción institucional, donde los funcionarios públicos brindaban protección política, operativa y de seguridad a cambio de sobornos y apoyo del grupo criminal. Además, uno de los acusados enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en secuestros y homicidios de una fuente de la DEA y un familiar, lo que agrava la dimensión del caso al incluir violencia directa contra informantes.
Lista de acusados
El expediente menciona a diez personas, todas con cargos relevantes dentro del gobierno o instituciones de seguridad en Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal
Según las autoridades estadounidenses, todos ellos ocuparon posiciones clave que habrían permitido garantizar el funcionamiento del tráfico ilícito, desde la protección institucional hasta la logística territorial. En términos legales, los cargos por narcotráfico y armas en Estados Unidos contemplan penas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo del grado de responsabilidad.
