Estados Unidos dio un giro en el proceso judicial contra Nicolás Maduro al autorizar que el Gobierno de Venezuela pueda pagar a los abogados que lo defienden a él y a su esposa, Cilia Flores, en el juicio que enfrentan en Nueva York por delitos de narcotráfico.
Detalles de la autorización
La medida se formalizó a través de licencias modificadas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ahora permiten esos pagos bajo ciertas condiciones: que el dinero provenga de recursos disponibles después del 5 de marzo de 2026 y que no esté ligado a fondos restringidos de gobiernos extranjeros.
Con esto, se destraba uno de los principales obstáculos del proceso, ya que hasta ahora las sanciones impedían cubrir los honorarios legales, lo que había puesto en duda la viabilidad del juicio.
Argumentos de la defensa
El cambio no es menor; durante semanas, la defensa encabezada por el abogado Barry Pollack sostuvo que bloquear los pagos violaba el derecho constitucional de Maduro a elegir a sus abogados, argumento basado en la Sexta Enmienda de Estados Unidos. Incluso, en audiencias previas, el juez Alvin Hellerstein había cuestionado la postura del Gobierno estadounidense, al considerar que, tras su detención, el exmandatario venezolano ya no representaba una amenaza directa para la seguridad nacional.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.
Próximos pasos
El caso, sin embargo, todavía va para largo. Se prevé que el juicio formal no inicie sino hasta dentro de uno o dos años, mientras continúan los ajustes legales y las discusiones sobre el alcance de las sanciones.
La decisión de permitir el financiamiento de la defensa no implica un cambio en las acusaciones, pero sí marca un punto clave: garantiza que el proceso avance sin poner en riesgo el derecho a una representación legal adecuada, uno de los temas que más presión generó en el tribunal en las últimas semanas.
