Estados Unidos permite legalmente que condenados por violencia de género posean armas de fuego
Durante la conferencia matutina del 10 de febrero, autoridades de seguridad federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentaron datos alarmantes sobre el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. La mayoría del armamento que termina en manos del crimen organizado cruza la frontera norte, incluyendo fusiles de alto poder, ametralladoras y rifles calibre .50, diseñados para contextos bélicos y no para calles o colonias.
Las cifras contundentes del tráfico ilegal
En lo que va de la actual administración, el Estado mexicano ha asegurado 18 mil armas largas y cortas, y entre el 77 y 78 por ciento provienen de territorio estadounidense. Esto significa que casi ocho de cada diez armas decomisadas tienen su origen en Estados Unidos.
No se trata únicamente de pistolas o rifles convencionales, sino de equipo con capacidad para:
- Perforar blindajes
- Derribar vehículos
- Enfrentar fuerzas de seguridad con ventaja táctica
Armamento de guerra en manos criminales
Las cifras presentadas por la Sedena detallan un panorama preocupante. Entre los decomisos más significativos destacan:
- 215 rifles calibre .50 tipo Barrett
- 13 lanzacohetes
- Lanzagranadas calibre 40-20
- 273 ametralladoras de distintos calibres
A esto se suman 137 mil cartuchos calibre .50 decomisados desde 2012. Uno de los datos más delicados revela que casi la mitad de esa munición, alrededor del 47 por ciento, proviene de una empresa privada que comercializa cartuchos en armerías del sur de Estados Unidos.
"Se trata de productos que se venden legalmente y que después terminan alimentando redes criminales en México", explicaron las autoridades, señalando que esta cadena de suministro es la que hoy buscan romper.
El peligroso calibre .50
El rifle Barrett calibre .50 no es un arma común. Este fusil de gran potencia fue creado para uso militar específico, diseñado para:
- Disparos de larga distancia
- Perforar vehículos blindados
- Neutralizar objetivos estratégicos en contextos bélicos
Que este tipo de armas aparezca en operativos contra el crimen organizado significa que los grupos delictivos no solo están armados, sino equipados con tecnología de guerra. Para especialistas en seguridad, esto representa un salto cualitativo en el poder de fuego de los cárteles y explica por qué muchos enfrentamientos resultan cada vez más violentos.
Geografía del tráfico de armas
Los aseguramientos de cartuchos y armas de alto calibre se concentran principalmente en estados del norte y noroeste del país:
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Chihuahua
Mientras que Michoacán y Guerrero registran cantidades menores pero constantes. Estos territorios son clave para el trasiego de droga, el contrabando y las rutas fronterizas, donde circula armamento en sentido contrario al flujo de estupefacientes.
Acciones legales contra fabricantes estadounidenses
Ante este panorama, el gobierno mexicano analiza acciones legales contra fabricantes y comercializadores de armas en Estados Unidos. El objetivo es exigir mayor control sobre la venta y rastreo del armamento que termina cruzando la frontera de manera ilegal.
Las autoridades sostienen que muchas de estas armas se compran de forma aparentemente legal en armerías del sur estadounidense y posteriormente son revendidas o traficadas hacia México mediante redes clandestinas. La intención es que las empresas asuman parte de la responsabilidad por el impacto que su distribución tiene en la violencia del país.
Armamento policial y autorizaciones especiales
Durante el informe también se aclaró el uso de armamento de mayor calibre por parte de policías estatales. La Secretaría de Defensa explicó que, bajo ciertas condiciones y autorizaciones especiales, algunas corporaciones pueden utilizar ametralladoras 7.62 y 5.56, consideradas de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, los fusiles automáticos no están permitidos de forma general. Solo se autorizan versiones semiautomáticas y bajo estrictos requisitos operativos. Estados como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua ya cuentan con permisos específicos, con el argumento de que las policías locales necesitan equipamiento suficiente para enfrentar a grupos fuertemente armados.
Este contexto se complica aún más con la reciente disposición legal en Estados Unidos que permite a personas condenadas por violencia de género poseer armas de fuego, una medida que preocupa a las autoridades mexicanas por su potencial impacto en el tráfico ilegal hacia el país.
