El despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) ha señalado que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estarían obstruyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ocho funcionarios más, acusados de narcotráfico.
Acusaciones de obstrucción legal
LBR aseguró que las autoridades mexicanas están llevando a cabo un ejercicio de obstrucción legal y violación del tratado al insistir en que las solicitudes de extradición deben cumplir con estándares legales mexicanos, ignorando los mecanismos del tratado. La firma subrayó que el Artículo 11 del Tratado de Extradición, firmado en 1978 y modificado en 1980, no exige pruebas completas en esta etapa, sino solo la existencia de una acusación formal y el compromiso de entregar documentación en un plazo de 60 días.
El Artículo 11 y la controversia
Según LBR, el Artículo 11 establece que una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, únicamente una acusación y el compromiso de proporcionar documentación dentro de los 60 días. El despacho calificó la exigencia de pruebas como un cortafuegos político para ganar tiempo, beneficiando a un régimen que teme las consecuencias del proceso.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que el proceso debe ajustarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales, lo que implica revisar cada solicitud antes de autorizar detenciones o extradiciones. La FGR ha señalado que la información debe manejarse con confidencialidad, aunque el tratado no especifica restricciones a la publicidad de la acusación.
Reacción de Rocha Moya
Tras las acusaciones estadounidenses, Rocha Moya las negó tajantemente, argumentando que forman parte de una estrategia contra Morena y que no hay evidencias para probarlas. En declaraciones a la prensa, visiblemente serio, afirmó estar tranquilo, que no saldrá de Sinaloa y que ya habló con la presidenta, aunque no dio detalles de la conversación. Hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación formal en su contra.
El caso ha generado un intenso debate sobre la aplicación del tratado y la cooperación bilateral en materia de extradición, mientras se espera el desarrollo de los procedimientos legales.
