Realincamientos en la lucha contra el crimen organizado
Una noticia que se produjo el 28 de abril y que se recicló el miércoles despertó finalmente el interés buscado en Estados Unidos. Se trataba de la sentencia de siete personas que desde 2020 habían establecido una red de contrabando de metanfetaminas en Kansas, en el estado de Missouri, que transportaban desde Sinaloa. Esa noticia, como hay diario similares en ese país, pasó desapercibida en México hasta que hace dos días, el director del FBI, Kash Patel, la retomó —con una actualización cosmética del caso—, enfatizando más que el golpe, que había sido realizada por la “nueva” fuerza de tareas que encabeza el Departamento de Justicia.
La “nueva” task force es nueva, pero no tanto. La creó el presidente Donald Trump el primer día de su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado, que encabezarían los titulares de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, cuya misión sería lo que indicaba el nombre del decreto: “proteger al pueblo estadounidense contra una invasión”. Se enfocaba enteramente al tema migratorio, pero como han sido muchos los momentos de su administración, evolucionó.
Si se revisan someramente los casos en la Corte del Distrito Este de Missouri, la gran mayoría de sus casos tienen que ver con narcotráfico desde México. Patel jugó con la hipersensibilidad reinante en México tras la acusación contra el ex gobernador Rubén Rocha Moya, y nueve sinaloenses en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, para enfatizar, se puede argumentar, el músculo de su Gobierno. Pero al mismo tiempo, mostró la forma como el Gobierno de Trump ha reorganizado las fuerzas para la lucha contra el crimen organizado, dividiendo en tres grandes áreas la responsabilidad, donde hay vasos comunicantes, pero las tres gozan de sus propios rangos de autonomía.
La fuerza de tareas a la que se refería Patel une los esfuerzos policiales del FBI, la DEA y ATF —la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego— a los de las policías estatales y locales, que tienen como complemento el trabajo del área de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, dentro de esa unidad hay responsabilidades adicionales en el extranjero en la lucha contra el crimen organizado.
La DEA, por ejemplo, ha pasado a jugar un papel secundario en el combate directo a los cárteles de las drogas, pero se le ha asignado un rol relevante al enfocarlo al contrabando de combustible —el llamado huachicol fiscal—, que lo pone sobre el crimen organizado en México y sus vinculaciones con políticos, que es un tema que ha trabajado su director, Terrence Cole, desde que estuvo asignado a la oficina en la Ciudad de México en 2019.
Dentro de esa fuerza de tareas, el combate a los cárteles lo tienen el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad, que antes de que fueran parte de esa unidad, trabajaron operaciones fundamentales en la historia del crimen en México, como la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, en un rancho en Culiacán en 2024. De acuerdo con la información obtenida en ese entonces, un equipo del FBI en Washington, que es el que más sabía del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, planeó la operación, que fue ejecutada por un comando de seis personas de la Oficina de Investigaciones.
Aunque todas esas agencias realizan trabajo de inteligencia, las áreas civiles y militares juegan un papel independiente en el combate al crimen organizado. La CIA actúa de manera autónoma, como se pudo apreciar en el polémico caso de la participación de cuatro de sus agentes en el desmantelamiento de un narco laboratorio del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, y en su cooperación con el gabinete de seguridad mexicano en las operaciones de captura y abatimiento de líderes del narcotráfico, como sucedió con Nemesio Oseguera, El Mencho, y su número dos, Audias Flores Silva, El Jardinero.
La CIA tiene operaciones abiertas, como las que realiza con el Gobierno, y encubiertas, donde la colaboración con las autoridades mexicanas dejó de producir resultados cooperativos. En algunos casos, el gabinete de seguridad llegó a enterarse de operaciones encubiertas, aunque no fue por su trabajo de contrainteligencia, sino por el trabajo de medios de comunicación que detectaron vuelos de drones espías de la CIA sobre territorio mexicano, realizado sin autorización oficial. Lo mismo sucedió con drones y aviones militares, que en poco menos de un año han intervenido comunicaciones en varias regiones del país, que les ha permitido aportar al mapeo del Departamento de Justicia sobre las redes de complicidades de autoridades con el crimen organizado.
La participación militar en las operaciones contra el crimen organizado no puede verse como algo natural o normal. La decisión de Trump de meterlas de lleno a la vigilancia en la frontera —militarizando la frontera con México—, no tiene precedente alguno, mientras que su participación directa en el combate a delincuentes, es el cambio de estrategia más radical que ha hecho Estados Unidos desde que el presidente Richard Nixon criminalizó la guerra contra las drogas en 1971, pese a las recomendaciones de la Comisión Shafer, que él mismo había instaurado.
Hay otras agencias que están jugando un papel preponderante en esta nueva fase de Trump contra el crimen organizado en México, que dependen del Departamento del Tesoro. Una es el FinCen, el área que se encarga de los crímenes financieros, y que vigila la actividad ilícita, el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. La otra es la OFAC, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que aplica sanciones económicas y comerciales contra países involucrados en actividades que afecten su seguridad nacional.
Estas dos áreas existen muchos años antes de que regresara Trump a la Casa Blanca, pero su función se volvió más estratégica por la declaración que hizo de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas. Hipotéticamente hablando, es posible que tras la captura de Rocha Moya se estén revisando sus relaciones empresariales y qué empresas hicieron negocios con él. De acuerdo con los decretos de Trump, pueden ser cómplices de actividades terroristas. Para problematizar este escenario, de ser así, quedarían expuestos las cabezas de dos de las más grandes empresas de México.
El realineamiento en la estrategia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, es otra de las señales reiteradamente enviadas a las que en México, el régimen tampoco le ha prestado atención.
