Ronald Johnson: traficantes de armas rendirán cuentas
Ronald Johnson: traficantes de armas rendirán cuentas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que quienes trafiquen armas serán llevados ante la justicia, tras la declaratoria de culpabilidad de un texano vinculado al Cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Caso Bobby Brandon Galván

Un jurado federal en Texas declaró culpable a Bobby Brandon Galván, alias "Pura vida recia", de 30 años, por traficar más de 24 rifles estilo AK-47 desde Estados Unidos hacia México. Las armas fueron utilizadas en enfrentamientos contra grupos rivales y fuerzas de seguridad mexicanas.

Galván adquirió las armas entre septiembre de 2023 y abril de 2024, y las envió a la ciudad de Toluca, Estado de México, para abastecer a la organización criminal.

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Compromiso binacional

Johnson subrayó que el caso refleja el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar los cárteles y detener el flujo de armas que alimenta la violencia. "Cada arma que detenemos hace que nuestras naciones sean más seguras", declaró.

Bajo el liderazgo de Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos y México fortalecen su seguridad compartida, agregó el diplomático.

Designación terrorista

La Nueva Familia Michoacana fue designada en febrero de 2025 por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera y Entidad Terrorista Global Especialmente Designada.

En el juicio, los líderes de la alianza criminal fueron identificados como Johnny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa".

Investigación y proceso legal

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Galván borraba los números de serie de las armas y las transfería a cómplices, quienes las traficaban a México.

Fue arrestado el 29 de julio de 2025 y acusado formalmente el 20 de agosto por conspiración para traficar armas de fuego y compra fraudulenta de armas. Es uno de 26 acusados por cargos que incluyen tráfico de armas, contrabando de inmigrantes y lavado de dinero.

Galván enfrenta hasta 40 años de prisión federal por cada cargo. Dieciocho de los procesados se han declarado culpables y esperan sentencia. La jueza principal Alia Moses preside el caso.

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