La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aclaró que la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no constituye una extradición formal, sino una "detención provisional con fines de extradición".
Distinción clave
Durante su primera participación en "La Mañanera" desde Palacio Nacional, Alcalde subrayó la diferencia entre una solicitud formal de extradición y una detención provisional. "Hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición, pues no es lo mismo", afirmó.
Falta de elementos de urgencia
La funcionaria señaló que la petición estadounidense carece de pruebas suficientes para justificar su carácter urgente. Tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que "no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia", por lo que la solicitud "no se encuentra debidamente fundamentada" y se requiere información adicional.
Alcalde detalló que, según el tratado bilateral, la solicitud formal debe presentarse por vía diplomática e incluir el delito imputado, pruebas, orden de aprehensión y datos de identificación. El proceso está en una etapa inicial: la FGR emitió su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que solicitará más información a Estados Unidos.
Papel del juez de control
La consejera recalcó que, de acreditarse la urgencia, será un juez de control quien determine si procede la detención provisional, no las autoridades administrativas. "No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores", indicó.
Violación de confidencialidad
Alcalde también denunció que se violó el derecho a la confidencialidad del proceso, lo que generó un "linchamiento mediático". Afirmó que la FGR "no ha prejuzgado respecto si se cometió o no un delito" ni sobre la procedencia de la solicitud, limitándose a señalar la falta de elementos sobre la urgencia.
El caso surge después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha Moya por más de 30 días, en medio de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, que el mandatario ha rechazado.
