En solo once meses, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acumuló mil 679 expedientes contra su propio personal por actos de corrupción, negativa a cumplir sus deberes y malos tratos hacia las víctimas. Estos casos involucran a policías de investigación, peritos y ministerios públicos, quienes son los primeros respondientes en la procuración de justicia.
Ministerios públicos lideran las quejas
Los ministerios públicos encabezan las estadísticas con mil 488 expedientes por negativa a realizar sus obligaciones, 66 por malos tratos y 41 por corrupción. Estas faltas obstaculizan la apertura de carpetas de investigación, el fortalecimiento de indagatorias y la activación de protocolos para auxiliar a víctimas de delitos de alto impacto.
Los policías de investigación acumularon 57 acusaciones por negativas, seis por corrupción y cuatro por malos tratos. El personal pericial registró 17 señalamientos por negativas. Estas cifras reflejan una problemática estructural que afecta la confianza ciudadana en las instituciones.
Casos mediáticos evidencian fallas
El feminicidio de Edith Guadalupe expuso la presunta exigencia de dinero por parte de dos policías de investigación y un ministerio público para agilizar la búsqueda de la joven. Sin embargo, estos actos de negligencia son recurrentes en la institución, que promete “más capacidad institucional y más justicia para la capital”.
Especialistas señalan monopolio fiscal
Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES), atribuye esta crisis al monopolio de las fiscalías en la integración de investigaciones. “Al no responder al poder político, las viejas prácticas no pueden erradicarse”, afirma. Propone convertir a las policías preventivas en investigadoras y limitar el rol de la fiscalía al litigio, como ocurre en otros países.
Capacitación insuficiente
Desde la llegada de la fiscal Bertha Alcalde, se capacitó a 350 personas en atención temprana, lo que representa solo el 20% del personal sujeto a investigaciones por negligencias. Mientras tanto, los expedientes internos aumentaron: de tres mil 992 en 2022 a cinco mil 281 en 2024, y dos mil 79 hasta mayo de 2025.
Percepción ciudadana
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, el 40.7% de los denunciantes reportó que su caso está en trámite, el 39.2% no observó avances y solo el 3.7% logró que el delincuente compareciera ante un juez. Ello refleja la ineficacia del sistema.
La redacción del Artículo 21 constitucional, que otorga al ministerio público la conducción de las investigaciones, minimiza el papel de otras fuerzas de seguridad y concentra el poder en la fiscalía, perpetuando la impunidad.
