El anuncio de la acusación formal contra 11 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, por su relación con los chapitos, no debería sorprender a nadie. Lo único sorprendente es que no ocurrió antes.
Implicaciones históricas
Por primera vez, un gobierno mexicano estatal es acusado de estar al servicio del narcotráfico. La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn, junto con la DEA, apunta al corazón del régimen obradorista, que no consideraba prioritaria la relación de políticos con el crimen organizado para la Administración Trump.
Políticos implicados
Entre los acusados están los dos políticos sinaloenses más importantes, el alcalde de Culiacán, el vicefiscal, ex secretarios de Administración y Seguridad, y varios ex jefes policiales. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema complejo, pues el embajador Ron Johnson le pidió actuar en enero, pero fue omisa.
Reacciones y antecedentes
El jueves pasado, en Los Mochis, Johnson anticipó las acusaciones. Ahora, no se descarta una solicitud de extradición. La acusación también salpica al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no es mencionado directamente, pero tiene dos investigaciones abiertas en Brooklyn.
El papel de López Obrador
En agosto de 2024, Ismael El Mayo Zambada lo imputó por colusión con el Cártel de Sinaloa. En lugar de investigar, López Obrador lo protegió y viajó a Sinaloa para apoyarlo, obligando a la presidenta electa y a gobernadores de Morena a hacer lo mismo.
Origen de la información
La captura de Zambada buscaba obtener información sobre la relación del cártel con el expresidente Nicolás Maduro y llenar lagunas sobre vínculos con la clase política. Ovidio Guzmán colabora con las autoridades estadounidenses.
La acusación en detalle
La acusación describe a los acusados como protectores del Cártel, proporcionando información confidencial, protegiendo cargamentos de droga y permitiendo violencia brutal a cambio de millones de dólares del narcotráfico.
El dilema de Sheinbaum
Sheinbaum no puede blindar a Rocha Moya como hizo López Obrador. Aunque fue investigada sin encontrar vínculos con el crimen, Rocha Moya es una losa heredada. La protección es insostenible tras lo ocurrido en Nueva York. La opción de endurecer la posición con Estados Unidos sería un error.
La acusación inhabilita al gobernador, al alcalde y al senador. Deben renunciar y contratar abogados en Estados Unidos. Sheinbaum puede pedir pruebas, pero ganará solo días. La decisión en Palacio Nacional es difícil, pues repercute contra López Obrador, quien pensó que Trump estaba distraído con Irán.
