La acusación formal presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un grupo de funcionarios y exfuncionarios estatales marca un punto de inflexión en la relación entre política local y combate al narcotráfico. Dentro de este entramado destaca la figura de Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, cuyo perfil sintetiza las tensiones entre experiencia operativa y presuntas desviaciones institucionales.
Trayectoria de Alberto Contreras
Contreras Núñez asumió el cargo en noviembre de 2022 como sucesor directo de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en un momento en que la exigencia de resultados en materia de seguridad era particularmente alta. Su trayectoria previa como perito en criminalística y agente en áreas sensibles —como homicidios y secuestros— lo proyectaba como un funcionario técnico, con conocimiento de campo y capacidad para operar en escenarios complejos.
Gestión y controversia
Sin embargo, su gestión terminó abruptamente en febrero de 2026, en medio de cuestionamientos internos que, con el paso del tiempo, adquirirían una dimensión mucho mayor. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, el periodo en el que Contreras Núñez estuvo al frente habría coincidido con una etapa clave en la consolidación de acuerdos ilícitos entre autoridades estatales y el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa.
Implicaciones del caso
El caso, aún en desarrollo, abre interrogantes sobre los mecanismos de control, la cooperación bilateral en materia de justicia y el alcance de las investigaciones estadounidenses sobre funcionarios mexicanos en activo. Más allá de los nombres involucrados, la acusación perfila un escenario en el que la línea entre gobernabilidad y criminalidad se vuelve cada vez más difusa, con implicaciones políticas y judiciales que podrían trascender las fronteras de Sinaloa.
