En Tlapa, Guerrero, alrededor de 152 familias del municipio de Cochoapa el Grande, dedicadas al cultivo de amapola, se han desplazado debido a la caída en las ventas de esta planta, su principal sustento. Se han asentado en un terreno baldío para exigir atención inmediata de los gobiernos estatal y federal. Estas familias indígenas de la Montaña de Guerrero sobreviven gracias a la siembra de amapola y a las remesas de familiares que trabajan en campos agrícolas del norte del país. La baja en la cotización de la planta las obligó a migrar para escapar de la pobreza extrema; algunas reportan ingresos anuales promedio de 2,000 pesos.
Comunidades de origen y condiciones de pobreza
Los desplazados provienen de localidades como Tierra Blanquita, San Lucas, San Cristobalito, Llano de la Piedra, San Miguel el Nuevo, San Rafael, Llano del Metate y Rancho San Marcos. Según el Inegi, estas comunidades presentan los indicadores de pobreza más altos de México: el 56% de su población es analfabeta, el 74% carece de acceso a servicios de salud y el 80% no cuenta con escusado o drenaje.
Más de 500 personas, entre adultos y niños, permanecen en un campamento en la colonia Las Mesas, donde han construido refugios improvisados con palos, cobijas y lonas para protegerse de la lluvia, el calor y el frío. Las familias afirman que prefieren morir en Tlapa que regresar a sus pueblos, donde no ven futuro.
Violencia y desplazamiento forzado por grupos criminales
El retorno de algunas familias desplazadas a Xicotlán, acompañado por autoridades, no ha disipado el miedo ni la crisis humanitaria en la Montaña Baja y la Sierra de Guerrero. Grupos criminales como Los Ardillos han sembrado el terror en la zona, con asedios constantes, ataques armados y bombardeos con drones en su disputa territorial con Los Tlacos. Se estima que alrededor de mil familias indígenas han huido de sus comunidades. Poblaciones como Alcozacán y Cosacán han servido como refugio improvisado tras el incendio de viviendas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advierte que Los Ardillos han intensificado ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia y tácticas paramilitares. Estas incursiones han provocado el desplazamiento forzado de más de 1,000 personas de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron ante la ausencia total de protección estatal.
Exigencias de las organizaciones de derechos humanos
La organización exige al Estado Mexicano investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión, tolerancia o complicidad. También piden detener y desarticular a Los Ardillos y sus redes de operación, así como atender de inmediato a las más de 2,200 personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria, seguridad y condiciones para un retorno seguro y digno. Además, solicitan implementar medidas de protección urgentes, integrales y culturalmente adecuadas, con participación directa de las comunidades y autoridades tradicionales.
Retorno fallido y profundización de la violencia
Hace unos días, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acompañó el regreso de 118 personas a Xicotlán. Sin embargo, el CDH Fray Bartolomé advierte que la violencia no solo continúa, sino que se profundiza, provocando el desplazamiento de al menos 1,200 familias en la región por temor a morir a manos de los criminales.
La comunidad de Alcozacán, una de las principales bases del CIPOG-EZ, está prácticamente vacía. Desde el 11 de mayo, sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. El silencio en las calles y las casas abiertas revelan la magnitud de la crisis: un pueblo entero obligado a huir para salvar la vida.
Este desplazamiento masivo forma parte de un patrón sostenido de agresiones contra comunidades indígenas que denuncian la presencia de la delincuencia organizada en la Montaña Baja, así como la omisión y permisividad de los tres niveles de gobierno.
Asesinatos y desapariciones
Según la organización, se reportan cuatro personas asesinadas: José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, de Xicotlán; otras dos víctimas sin identificar. El 11 de mayo fue asesinado Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán. Además, dos personas permanecen desaparecidas.
Cooptación de autoridades y omisión estatal
El Fray Bartolomé y organizaciones acompañantes acusan cooptación del gobierno municipal por parte de la delincuencia organizada, así como la negativa del gobierno estatal a atender las demandas de seguridad. Denuncian el retiro de medidas de protección por parte del gobierno federal y la salida de elementos del Ejército de las Bases de Operaciones Mixtas, permitiendo el libre ingreso de grupos armados. También señalan la inacción deliberada de las corporaciones de seguridad durante los ataques.
La ausencia de acciones efectivas para prevenir y detener la violencia, aun con pleno conocimiento de los riesgos, constituye una violación grave a los derechos humanos y deriva en responsabilidad directa del Estado mexicano por incumplir su deber de proteger la vida e integridad de las comunidades indígenas.
