La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha proporcionado nuevos detalles sobre el caso de María Adela Morelos, la joven originaria de Chetumal que viajó a la Ciudad de México (CDMX) tras aceptar una oferta de trabajo y posteriormente fue localizada en un hospital psiquiátrico. Las autoridades estatales confirmaron que cuentan con una prueba de vida de la joven y que están colaborando con las autoridades capitalinas, aunque su intervención directa está limitada debido a la ausencia de una denuncia formal por parte de los familiares.
Declaraciones de la secretaria de Gobierno
Cristina Torres, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, explicó que la Fiscalía tuvo acceso a un video en el que María Adela manifiesta su deseo de no compartir información sobre su paradero con sus familiares y de no ser localizada. Este material constituye una prueba de vida que, según Torres, condiciona la actuación de las autoridades. “Se le ha ofrecido presentar denuncia aquí en la Fiscalía para que el estado pueda intervenir en la carpeta correspondiente. Mientras no haya denuncia, nosotros no podemos tener acceso a la carpeta para investigar otro hecho probablemente constitutivo de algún delito”, señaló.
Postura de los familiares
Los familiares de María Adela han manifestado que la joven no ingresó al hospital psiquiátrico por voluntad propia y sospechan que pudo haber sido víctima de trata de personas. Ante estas acusaciones, la secretaria de Gobierno reiteró que sin una denuncia formal, las autoridades no pueden realizar acciones como un cateo o una intervención directa, ya que la voluntad de la joven está expresamente registrada en el video.
Apoyo institucional
Cristina Torres añadió que la Secretaría de las Mujeres ha brindado apoyo constante a la familia, tanto a nivel estatal como nacional. Respecto al estado de salud de María Adela, la funcionaria comentó que se encuentra en buen estado físico, aunque no se proporcionaron detalles sobre su condición mental o emocional.
Colaboración con la CDMX
La Fiscalía de Quintana Roo afirmó que mantiene comunicación con las autoridades de la Ciudad de México para dar seguimiento al caso, pero reiteró que la falta de una denuncia limita su capacidad de acción. El caso ha generado atención mediática y ha puesto en evidencia las dificultades legales para intervenir en situaciones donde la presunta víctima expresa su voluntad de no ser contactada.
