La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha impuesto una multa histórica de 65 millones de dólares a dos exmandos de la extinta Policía Federal (PF) por el desvío de recursos públicos durante su gestión. La sanción, que representa un récord en casos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, fue anunciada este jueves por el órgano fiscalizador.
Detalles de la sanción
Los exfuncionarios, cuyos nombres no fueron revelados por la ASF, fueron hallados responsables de haber desviado fondos destinados a programas de seguridad y operativos especiales. De acuerdo con la investigación, el desvío ocurrió entre 2012 y 2018, periodo en el que ambos ocuparon altos cargos en la corporación.
La multa asciende a 65 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1,300 millones de pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual. La ASF detalló que los recursos fueron transferidos a cuentas personales y empresas fantasma, sin que se haya comprobado su uso en actividades oficiales.
Reacciones y contexto
La noticia ha generado diversas reacciones en el ámbito político y de seguridad. Especialistas en anticorrupción señalaron que esta multa envía un mensaje contundente contra la impunidad en las fuerzas policiales. Sin embargo, también advirtieron que es necesario profundizar en las investigaciones para identificar a todos los involucrados.
La extinta Policía Federal fue disuelta en 2019 como parte de la creación de la Guardia Nacional. Durante años, la corporación fue señalada por presuntos casos de corrupción y abusos de autoridad, lo que motivó su reorganización.
La ASF informó que la multa deberá ser pagada por los exmandos en un plazo de 30 días hábiles, o de lo contrario se procederá al embargo de sus bienes. Además, se ha iniciado un proceso legal para determinar si existen responsabilidades penales adicionales.
Antecedentes de corrupción en la PF
Este no es el primer caso de desvío de recursos en la Policía Federal. En años anteriores, la ASF había detectado irregularidades por montos menores, pero esta es la sanción más alta impuesta a exfuncionarios de la corporación. La investigación incluyó la revisión de contratos, transferencias bancarias y testimonios de testigos protegidos.
Organizaciones civiles han solicitado que se hagan públicos los nombres de los sancionados para garantizar la transparencia del proceso. Hasta el momento, la ASF ha mantenido la confidencialidad debido a que el caso se encuentra en etapa de revisión judicial.
La multa de 65 millones de dólares representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en México, aunque expertos consideran que aún queda un largo camino por recorrer para erradicar este problema en las instituciones de seguridad.
