La reciente acusación por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos y funcionarios sinaloenses ha generado más interrogantes que certezas. Más allá del evidente dilema que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum —ceder o no ceder, con consecuencias nefastas en ambos casos—, surgen varias dudas que hoy carecen de respuesta, pese a algunas filtraciones a la prensa estadounidense.
¿Hubo aviso previo de Washington?
La primera pregunta es si Estados Unidos advirtió a la presidenta con antelación —una semana, un mes o tres meses— que actuaría contra Rocha si ella no lo hacía. De no haberle dado esa oportunidad, como se cree que ocurrió con el caso del Mencho, sería una falta de confianza y una violación a la regla no escrita de no sorpresas en la relación bilateral. Si hubo advertencia, es evidente que el gobierno mexicano no la acató. ¿No creyeron a los estadounidenses? ¿No actuaron porque no podían? ¿O prefirieron que fuera Trump quien pidiera la cabeza del gobernador para luego decirle: “Perdimos, Pollo”?
La estrategia legal: ¿sin fundamento?
La segunda interrogante es la lógica de argumentar que “no hay pruebas” y que el caso se “ventiló públicamente”. Los artículos 10 y 11 del Tratado de Extradición con Estados Unidos establecen que no es necesario presentar pruebas contundentes si existe una “urgencia” que justifique la detención provisional para fines de extradición. Estados Unidos tiene 60 días para presentar elementos probatorios, que solo deben superar un umbral bajo de probabilidad de culpa; el juicio ocurriría en territorio estadounidense. México enfrenta una situación similar con Argentina en el caso Farías. Según The New York Times, el gobierno mexicano fue notificado de la decisión del gran jurado con solo un par de días de anticipación, tras el discurso del embajador estadounidense en Sinaloa. Cualquier asesor jurídico sabe que si la decisión presidencial es librar la guerra en el campo legal, México no tiene sustento. Insistir en las pruebas conforme a las leyes mexicanas ignora la existencia del tratado y abre la puerta a denuncias de que Sheinbaum recurre a maniobras leguleyas. Alegar que solo México puede juzgar a mexicanos es falso, pues para eso existen los tratados de extradición, como el invocado con Argentina o el que no existe con Israel.
El precedente de los 92 narcos
La tercera pregunta se refiere a cuando Sheinbaum envió a 92 mexicanos, presuntos narcotraficantes, a Estados Unidos sin seguir los procedimientos de extradición, invocando una supuesta Ley de Seguridad Nacional. ¿Alguien le advirtió que Washington podría pedir el mismo trato para Rocha? ¿Se le informó que al preferir que esos 92 fueran juzgados en Estados Unidos sentaba un precedente peligroso?
¿Existe una lista de narcopolíticos?
Por último, ¿sabe el gobierno si hay una lista de narcopolíticos requeridos por Estados Unidos que serán acusados próximamente? Nunca se ha creído del todo en la existencia de esa lista, pero si Sheinbaum la ha visto, ¿ya decidió cómo reaccionar ante los siguientes casos? Es evidente que las acusaciones del Departamento de Justicia, respaldadas por un gran jurado de Manhattan, se basan en la enorme cantidad de información, chismes, mentiras y dichos de narcotraficantes ahora en manos de Estados Unidos, como el Mayo, Ovidio y su hermano. ¿Son puras medias verdades?
Cabe mencionar que ningún medio mexicano destacó el final del discurso del embajador Johnson en Sinaloa: “Por eso el T-MEC exige que nuestros gobiernos penalicen los sobornos y la corrupción, y apliquen códigos de conducta para funcionarios públicos. Pronto veremos acciones significativas en este frente. Estén atentos.” ¿Querían más aviso que ese?
