En medio de la controversia por la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukán, afirmó que Estados Unidos se ciñó puntualmente a las disposiciones del Tratado de Extradición bilateral al solicitar la detención provisional del mandatario estatal con licencia y otros nueve coacusados, entre ellos el senador Enrique Insunza.
Advertencia sobre posibles tácticas dilatorias
Sarukán advirtió que cualquier procedimiento para ganar tiempo por parte del gobierno mexicano “olerá en Washington” a blindaje a favor de los acusados. “Cualquier procedimiento que se improvise y se cocine olerá -tanto en México como acá en Washington- más a blindaje de los acusados que a una auténtica voluntad de cooperación bilateral en materia de procuración -o impartición en México- de justicia”, señaló.
Desconocimiento o dilación intencionada
El exembajador aseveró que negar ahora la detención provisional alegando falta de bases y pruebas delata dos cosas: desconocimiento del funcionamiento de las instituciones estadounidenses o la intención de comprar tiempo y neutralizar el proceso formal, con las consecuencias que ello acarrea.
Sarukán detalló que en esta etapa procesal, la parte requirente (Estados Unidos) no está obligada a presentar pruebas, pues dispone de 60 días para formalizar la solicitud y acompañar el expediente probatorio. Además, tras el antecedente del caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es natural que haya desconfianza del gobierno estadounidense para entregar pruebas.
“La percepción en Washington, con la primera Administración Trump, de que en su momento se le dio carpetazo en la Ciudad de México a los documentos que EU entregó al gobierno lopezobradorista sobre Cienfuegos, hoy hay poca confianza y apetito en el Departamento de Justicia para compartir a autoridades mexicanas todas las pruebas del caso, que además procedimentalmente se resguardan hasta no haber iniciado como tal el juicio”, explicó.
Críticas a la postura del gobierno mexicano
Luego de las críticas de un sector del gobierno federal sobre una presunta violación del tratado de extradición, el exembajador ofreció una explicación detallada del procedimiento y los alcances de ese instrumento bilateral. Recalcó que Estados Unidos no violó el debido proceso al difundir parte de la argumentación para solicitar la detención, pues no se trató de una “filtración”, como sostienen dependencias del gobierno federal mexicano.
“Pretender negar ahora la detención provisional alegando que no hay bases para argumentar que aquella ‘es urgente’ y que la petición proviene de ‘una oficina en Nueva York’, delata una de dos cosas: a) desconocimiento de cómo funcionan las instituciones en EU y en la propia asesoría jurídica que se ha brindado al Ejecutivo mexicano en la materia; b) que se busca comprar tiempo y neutralizar el proceso formal lo más posible (con las consecuencias que ello acarreará con esta administración estadounidense a la que le sobran excusas para justificar e instrumentar acciones unilaterales). Quizá ambas”, expresó.
Soberanía y obligaciones del tratado
Consideró que el argumento de “violación a la soberanía” de México es jurídicamente y retóricamente improcedente, pues México ratificó en 1980 el tratado vigente con EU y en 1997 firmó su Protocolo Adicional, ratificado por el Senado mexicano y en vigor desde 2001, en ejercicio pleno de su soberanía. Por ello, México está obligado a cumplirlo, ya sea extraditando o abriendo un proceso judicial propio que debió haberse iniciado ya en tiempo y forma.
Sarukán señaló las contradicciones y el doble rasero entre cómo operó México el “cajuelazo” de las tres entregas o rendiciones —en febrero y agosto de 2025 y en enero de 2026— de cerca de 90 narcotraficantes buscados por EU, y los argumentos articulados ahora para cuestionar la solicitud formal estadounidense vía un tratado vigente y aplicable para ambas partes.
