Un tribunal en Nuevo León dictó una sentencia de 64 años de prisión contra un individuo que violó a una menor de 12 años, provocando su embarazo y forzándola a someterse a un aborto. El caso, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la gravedad de los delitos sexuales contra menores en México.
Detalles del caso
Los hechos ocurrieron en el municipio de Apodaca, donde el agresor, identificado como Juan Pérez, aprovechó la confianza de la familia para cometer el delito. La menor, cuya identidad se mantiene en reserva, resultó embarazada producto de las agresiones. Posteriormente, el imputado la obligó a abortar en condiciones precarias.
Investigación y juicio
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación tras la denuncia de los padres. Las pruebas periciales y testimoniales fueron determinantes para que el juez emitiera la condena. El sentenciado fue hallado culpable de los delitos de violación equiparada y aborto forzado.
Durante el juicio, se presentaron evidencias como exámenes médicos que confirmaron la agresión sexual y el embarazo, así como testimonios de la víctima y peritos. La defensa intentó minimizar los hechos, pero la solidez de las pruebas llevó a la resolución condenatoria.
Reacciones y contexto
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han celebrado la sentencia, pero exigen mayor prevención y justicia para las víctimas de violencia sexual. En México, los casos de abuso infantil son alarmantes: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron más de 5,000 denuncias por violación contra menores.
La condena de 64 años representa un precedente significativo en la entidad, donde las penas por este tipo de delitos suelen ser menores. El sentenciado no podrá acceder a beneficios como libertad condicional hasta cumplir al menos 40 años de prisión.
Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir estos crímenes y llamaron a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de abuso. La víctima recibe apoyo psicológico y está bajo protección del sistema de asistencia social.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer las leyes y políticas de protección a la infancia, así como de garantizar que los agresores enfrenten todo el peso de la ley.
