Impunidad persiste tras 12 años de tentativa de feminicidio contra diputada oaxaqueña
A casi doce años de la brutal agresión que incluyó la tentativa de feminicidio contra la diputada local Elisa Zepeda Lagunas, la sombra de la impunidad se cierne sobre el caso mientras la justicia permanece en vilo. Los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014 en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, marcaron un punto de inflexión en la vida de Zepeda y su familia.
Un ataque comunitario con consecuencias devastadoras
Durante una asamblea comunitaria que derivó en violencia extrema, fueron asesinados Manuel Zepeda, hermano de la legisladora, y Gustavo Estrada. Paralelamente, se cometieron agresiones físicas y tentativas de feminicidio contra la propia Elisa Zepeda y su madre, en un episodio que ha dejado heridas profundas tanto físicas como emocionales.
"Ha sido un impacto bastante fuerte en lo emocional", explicó Zepeda en entrevista con Proceso. "Lo que se manifiesta es un escenario de impunidad por parte del colegiado, además de que evidencia un sesgo muy marcado".
Resolución judicial que amenaza con revertir avances
Recientemente, un Tribunal Colegiado emitió una decisión que podría derivar en la libertad de Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados por estos delitos. Según la víctima y activista de derechos de las mujeres, el fallo omitió un análisis integral de las agresiones y mostró una falta de perspectiva de género en la evaluación de las pruebas.
La autoridad judicial, según Zepeda, centró su criterio en aspectos de especificidad cultural, dejando de lado la gravedad de los homicidios y las tentativas de feminicidio documentadas en el expediente. "La pertenencia a un grupo indígena no debe eximir la responsabilidad ante actos de tortura y privación de la vida", insistió la diputada.
Contexto político y manipulación narrativa
El caso se ha desarrollado en medio de una confrontación de versiones sobre lo ocurrido en la Sierra Mazateca. Los señalados como responsables —entre ellos el exalcalde Alfredo Bolaños Pacheco y su asesor Jaime Betanzos Fuentes, ambos vinculados al PRI— estructuraron un discurso que los presenta como "presos políticos".
Esta narrativa utilizó la identidad indígena para obtener respaldo de organizaciones civiles, lo que, según Zepeda, desvirtuó la naturaleza de los delitos cometidos. "Han hecho de esta defensa fabricada una forma de vida", afirmó la legisladora.
Violencia política que trasciende lo físico
La violencia ejercida contra Zepeda no estuvo relacionada con el desempeño de un cargo público, pues en 2014 no ocupaba ninguna función gubernamental. El origen de la agresión se vinculó con su labor social y el liderazgo que desempeñaba en favor de los derechos de las mujeres en la región.
Actualmente, la presión sobre la hoy diputada local persiste en el ámbito digital. Zepeda describió campañas de difamación y discursos que buscan minar su credibilidad, representando una extensión de la violencia política en su contra que inició hace una década, ahora articulada a través de redes sociales.
Impacto comunitario y búsqueda de justicia
En Eloxochitlán, el clima social refleja la incertidumbre que rodea al proceso legal. Entre los habitantes existe temor de que la ausencia de sentencias firmes permita la repetición de actos violentos. La comunidad reconoce a los involucrados y observa con reserva las decisiones que emanan de los tribunales en la capital del estado.
El Tribunal Colegiado fundamentó su resolución en la necesidad de garantizar los derechos procesales de los acusados bajo un enfoque intercultural. Sin embargo, la activista sostuvo que esta interpretación extralimitó las facultades de los jueces al no equilibrar dicho enfoque con la protección de las víctimas.
"A mí quisieron matarme, me lesionaron gravemente, y eso no puede tratarse como si fuera algo dudoso", recordó Zepeda con firmeza.
Datos objetivos frente a narrativas distorsionadas
La diputada destacó que los primeros detenidos el día de los hechos fueron localizados mientras transportaban el cuerpo de su hermano en una unidad oficial. Para ella, rescatar estos datos objetivos resulta vital frente a los intentos de transformar los delitos en un conflicto político.
La ruta legal continuará mediante la revisión de la resolución del colegiado. La defensa de las víctimas busca que se retome el análisis de fondo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2014. Mientras el proceso sigue su curso, Elisa Zepeda mantiene su exigencia de que se escuche la voz de las víctimas indirectas, como las hijas y la esposa de su hermano, quienes también han padecido las consecuencias del largo proceso judicial.
