Jueza federal cierra caso penal por trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
En un giro significativo en el ámbito judicial, una jueza federal ha decretado el cierre definitivo del caso penal relacionado con el catastrófico descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca. Este accidente, ocurrido a finales de 2025, resultó en la lamentable pérdida de 14 vidas y dejó casi un centenar de personas con lesiones de diversa gravedad. La resolución, emitida este miércoles 22 de abril de 2026, no solo pone fin al proceso legal sino que también ordena la liberación inmediata de dos de los tres trabajadores que habían sido procesados en conexión con el siniestro.
Detalles de la decisión judicial y liberación de los acusados
La magistrada Diana Isabel Ivens Cruz, quien preside en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, tomó esta determinación tras una audiencia en la que se evaluaron los acuerdos alcanzados para reparar el daño a las víctimas. Estos pactos fueron negociados entre los familiares de los afectados y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, entidad que opera bajo la supervisión de la Secretaría de Marina. Como resultado, el expediente judicial 7/2026 ha sido cerrado, liberando de cargos a los implicados.
Los trabajadores que recuperaron su libertad son Felipe de Jesús Díaz Gómez, quien se desempeñaba como conductor, y Ricardo Mendoza Cerón, en el cargo de jefe de despacho. Ambos habían permanecido recluidos desde enero en el penal de El Amate, después de ser vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. En contraste, el maquinista, identificado como el tercer implicado, continúa prófugo según la información disponible hasta la fecha.
Antecedentes del caso y acuerdos reparatorios
Este cierre del caso se produce luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara, el 8 de abril, que un total de 145 víctimas habían aceptado acuerdos reparatorios con la empresa ferroviaria. Entre estas víctimas se encuentran 114 adultos y 31 menores, quienes recibieron compensaciones como parte de los esfuerzos para mitigar el impacto del accidente. En su informe final, la FGR atribuyó la causa del descarrilamiento a un exceso de velocidad y a actos de negligencia por parte de la tripulación, responsabilizando penalmente al maquinista, al conductor y al jefe de despacho.
Además, la fiscalía descartó cualquier falla en la infraestructura ferroviaria, asegurando que elementos como la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplían con los estándares normativos. Asimismo, determinó que no procedía ninguna acción penal contra la Secretaría de Marina en relación con la construcción u operación de la obra, enfocando la culpabilidad en el factor humano.
Contexto del accidente y su impacto
El trágico descarrilamiento tuvo lugar el 28 de diciembre de 2025, en una zona montañosa caracterizada por curvas pronunciadas, mientras el tren cubría la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Inicialmente, el siniestro dejó un saldo de 13 fallecidos y 98 lesionados, pero la cifra de víctimas mortales aumentó a 14 el 1 de enero, tras el deceso de una mujer de 73 años a causa de las heridas sufridas. Este incidente ha generado un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario en México, destacando la necesidad de medidas preventivas más estrictas.
En resumen, la resolución judicial marca un punto final en un caso que ha conmocionado al país, aunque deja pendiente la captura del maquinista prófugo. Las autoridades continúan investigando para asegurar que se implementen mejoras en los protocolos de seguridad, con el objetivo de prevenir futuras tragedias similares en el sistema ferroviario nacional.
