Iniciativa de Morena busca transformar el Poder Judicial con cambios profundos
Diputados del grupo parlamentario de Morena han presentado en San Lázaro una iniciativa de reforma constitucional que modifica radicalmente el proceso de elección de personas juzgadoras, con ajustes que impactarán directamente la implementación de la reforma judicial en curso. El ajuste central propone posponer la elección del segundo paquete de juzgadores hasta el año 2028, con el objetivo de otorgar tiempo suficiente para la creación de un sistema de certificación técnica obligatoria.
Según los legisladores, este sistema permitirá fortalecer el control y la profesionalización del Poder Judicial, marcando un hito en la historia judicial de México.
Cambios clave en el calendario y la selección judicial
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la eliminación del vínculo con el calendario electoral federal, lo que abre la puerta a reprogramar la elección judicial de manera independiente. Morena propone que el siguiente proceso se realice en 2028, argumentando que se requiere tiempo para diseñar e implementar un modelo más técnico y riguroso de selección.
Este cambio impactaría directamente a los aspirantes a cargos judiciales y al calendario de renovación del Poder Judicial, generando un período de transición significativo.
Certificación técnica obligatoria: el nuevo eje de la reforma
La iniciativa introduce como requisito indispensable una certificación de competencias vigente, que deberá ser emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este modelo sustituye criterios anteriores, como los promedios académicos, y apuesta por evaluaciones basadas en conocimientos y capacidades técnicas específicas.
Además, se plantea homologar este esquema tanto a nivel federal como local, asegurando uniformidad en todo el país. En términos constitucionales, la propuesta contempla reformas a los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, abarcando desde requisitos de elegibilidad hasta el funcionamiento interno de los órganos judiciales y sus procesos de selección.
Reestructuración de órganos de evaluación y operación judicial
Otro cambio clave es la eliminación de los comités de evaluación de cada Poder de la Unión, para dar paso a un Comité Único de Evaluación. Este nuevo órgano centralizaría los procesos de selección, con la intención de hacerlos más transparentes, técnicos y uniformes, además de reducir requisitos considerados no objetivos o subjetivos.
La propuesta también incluye ajustes en la operación interna del Poder Judicial. Entre ellos, se establece que la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se renovará cada dos años, sin posibilidad de reelección inmediata. Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial elegirá a su presidencia bajo el mismo esquema, mientras que se refuerzan requisitos de experiencia para integrar órganos clave, como una antigüedad mínima de 10 años de título profesional y experiencia dentro del Poder Judicial.
Impacto en sentencias, vacantes y actores involucrados
En cuanto al funcionamiento judicial, la iniciativa plantea que las sentencias de la Suprema Corte sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, siempre que exista una tesis publicada. También se propone actualizar el mecanismo para cubrir vacantes, con el objetivo de hacerlo más ágil y transparente, reduciendo tiempos de espera y burocracia.
Los cambios impactarían directamente a:
- Aspirantes a cargos judiciales
- Integrantes del Poder Judicial federal y local
- Órganos de evaluación y formación judicial
- Autoridades encargadas de organizar elecciones judiciales
Además, la ciudadanía se vería indirectamente involucrada, al tratarse de un rediseño del sistema de selección de candidatos a jueces y magistrados, lo que podría influir en la calidad y transparencia de la justicia en México.
Una reforma con enfoque técnico en medio del debate político
La iniciativa se presenta como un intento por consolidar un Poder Judicial más profesional e independiente, basado en criterios técnicos y de evaluación rigurosos. Sin embargo, el planteamiento de posponer la elección judicial a 2028 podría abrir un nuevo frente de discusión política sobre los tiempos, el control del proceso y el alcance de la reforma impulsada por Morena.
Este debate podría generar tensiones entre diferentes actores políticos y judiciales, mientras se busca equilibrar la necesidad de cambios estructurales con la estabilidad del sistema.
