El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia para separarse de su cargo por más de diez días, en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el cártel de Sinaloa. La solicitud fue aprobada por el Ayuntamiento de la capital sinaloense en una sesión extraordinaria realizada la noche del viernes, a la que el primer edil no asistió.
Detalles de la licencia
“Con plena confianza en el trabajo de las instituciones de este país, he tomado la decisión de solicitar una licencia temporal por más de diez días, mientras se lleva a cabo la investigación anunciada hoy”, señaló Gámez Mendívil en una carta leída por José Peñuelas, secretario del Ayuntamiento. Durante su ausencia, la presidencia municipal será ejercida por Ana Miriam Ramos, quien se desempeñaba como síndica procuradora.
Contexto de las acusaciones
La licencia de Gámez se suma a la que previamente solicitó el gobernador Rubén Rocha Moya, quien, junto con el alcalde y otros ocho funcionarios y exfuncionarios, es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de utilizar sus cargos para proteger las operaciones del cártel de Sinaloa. Según la acusación estadounidense, “han protegido a los líderes del cártel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado la entrega de información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados… en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.
Investigación de la FGR
Sobre el caso de Rocha Moya, la FGR informó que no existen elementos suficientes para una detención provisional con fines de extradición. No obstante, anunció que iniciará una investigación para verificar que el caso presentado por el Departamento de Justicia y la DEA esté debidamente sustentado. La situación de ambos funcionarios sigue en desarrollo, mientras las autoridades mexicanas evalúan las pruebas presentadas por Estados Unidos.
