Crimen organizado extorsiona a jornaleros agrícolas en Guerrero: migrar bajo amenaza
En la región de la Montaña de Guerrero, los jornaleros agrícolas enfrentan una realidad aterradora al desplazarse hacia los campos del norte del país. El crimen organizado impone cuotas y ejecuta asaltos violentos, mientras las autoridades estatales muestran una indiferencia alarmante. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado estos hechos, revelando un panorama de abandono y condiciones inhumanas que afectan a miles de trabajadores, incluyendo niños y adolescentes.
Asaltos y extorsiones en el camino
El 6 de noviembre de 2025, en Xochihuehuetlán, Guerrero, un autobús de la empresa El Milagro con 26 jornaleros de Metlatonoc fue interceptado por hombres armados. Los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias y celulares, obligados a bajar y huir al monte. El chofer fue golpeado y el vehículo dañado. Este incidente es uno de los cuatro asaltos registrados en 2025 contra autobuses cuyos ocupados se negaron a pagar cuotas al crimen organizado.
Según Tlachinollan, los grupos delictivos exigen 5 mil pesos por camión y al menos 100 pesos por jornalero como "derecho a migrar". A pesar de la presencia de la Policía Estatal de Guerrero, estos actos de violencia se repiten, especialmente en la temporada alta de agosto a noviembre. Un contratista reveló que los autobuses que no pagan son atacados con piedras o se les ponchan las llantas, creando un clima de terror.
Cifras alarmantes y abandono gubernamental
En 2025, más de 13 mil jornaleros agrícolas, incluyendo 7 mil niños y adolescentes, migraron desde los municipios más marginados de la Montaña de Guerrero hacia el norte. Esta cifra representa un aumento de casi 2 mil personas respecto a 2024. Los principales municipios expulsores son Cochoapa el Grande, Tlapa de Comonfort y Metlatónoc, entre otros, donde la población vive en alta marginación con carencias básicas.
El gobierno de la morenista Evelyn Salgado ha sido acusado de desprecio e indiferencia. Desde enero de 2026, la Unidad de Servicios Integrales (USI) de Tlapa, punto de partida de los jornaleros, dejó de recibir despensas e insumos del gobierno estatal, privando a las familias de al menos una comida antes de viajar. Además, la USI enfrenta problemas de suministro de gas y pago de luz eléctrica.
Condiciones inhumanas y programas insuficientes
Armando Galeana Méndez, coordinador del área de fortalecimiento comunitario de Tlachinollan, criticó que los programas gubernamentales no resuelven el problema de fondo. Por ejemplo, Sembrando Vida solo atiende a 20 personas por comunidad, a pesar de que cientos migran anualmente. Galeana señaló que los jornaleros a menudo no cumplen con requisitos como actas de nacimiento para acceder a beneficios, y el gobierno de Guerrero carece de un registro real de estas familias.
Las dependencias estatales, como la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), han propuesto protocolos de atención, pero estos no se han implementado efectivamente. En reuniones, se ofrecieron bolsas con artículos básicos a las familias, pero sin abordar las necesidades críticas de alimentación y seguridad.
Impacto en las comunidades y llamado a la acción
La migración sigue siendo una constante en la Montaña de Guerrero, donde jóvenes, familias enteras y personas mayores buscan mejores condiciones de vida en estados como Sinaloa, Michoacán y Chihuahua. Sin embargo, al llegar a los campos del norte, enfrentan condiciones inhumanas de vida y trabajo.
Tlachinollan propone fortalecer las comunidades desde su interior mediante espacios de participación, proyectos productivos y educación como herramientas de transformación. La crisis requiere una respuesta integral que combine seguridad, apoyo social y desarrollo económico, lejos de los paliativos actuales que dejan a los jornaleros en la vulnerabilidad.
