El vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo la tarde de ayer, en un movimiento que podría otorgar algo de legitimidad a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde. Como se comentó ayer, si Bonilla quería ganar credibilidad, debía distanciarse de Castro, quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén.
Presión y contexto
No está claro si fue la propia gobernadora quien operó para que Castro dejara el cargo o si la presión provino nuevamente del Gobierno federal. Lo cierto es que esta decisión ayuda a Bonilla a obtener al menos el beneficio de la duda de los sinaloenses, que la ven aún supeditada a su exjefe, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Rocha nunca investigó ni sancionó a Dámaso, quien tuvo a su cargo la investigación con la que la Fiscalía de Sinaloa quiso ocultar el asesinato de Cuén.
El caso Cuén y el video prefabricado
El asesinato de Héctor Melesio Cuén ocurrió el 25 de julio de 2024, en el mismo lugar donde citaron con engaños a Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue sometido por Los Chapitos, subido a una aeronave y llevado a Estados Unidos. Dámaso Castro se inventó que Cuén había muerto en un asalto en una gasolinera, presentando un video prefabricado que quedó al descubierto cuando el abogado de “El Mayo” difundió una carta de su cliente. En ella, sostenía que Los Chapitos citaron a Cuén y al gobernador Rocha Moya para resolver diferencias por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y que ahí fue asesinado.
Vínculos con el Cártel de Sinaloa
La licencia de Dámaso llega cuatro días después de la de Rocha Moya y la del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a menos de una semana de que apareciera en la lista de 10 funcionarios y exfuncionarios estatales acusados de estar coludidos con el Cártel de Sinaloa. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señala a Dámaso por sus vínculos con la facción de Los Chapitos, a quienes habría proporcionado protección e información sobre operativos de seguridad en México y los coordinados con agencias estadounidenses.
Sobornos y alias
En el expediente judicial que las autoridades estadounidenses enviaron a México para pedir su detención y posterior extradición, lo acusan de recibir sobornos de hasta 200 mil pesos mensuales bajo el alias “Culiacán Regio”. Con Dámaso, suman tres funcionarios en activo que piden licencia, aunque seis más son exfuncionarios, casi todos exjefes policiales y judiciales.
Próximos pasos
En esa posición sigue el senador Enrique Inzunza, el único en funciones, quien asegura que no dejará su curul. Habrá que esperar los siguientes movimientos.
