La presión sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se intensifica tras la entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses de dos exfuncionarios clave: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas. Este hecho ocurre después de que el gobierno de Donald Trump señalara a Rocha Moya y a otros nueve políticos y servidores públicos sinaloenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, lo que ha sacudido el tablero político nacional y puesto en jaque al gobierno y a su partido.
¿Qué implican las entregas?
La rendición de Mérida y Díaz no puede entenderse sino como la confirmación de los señalamientos y la búsqueda de mejores condiciones de negociación mediante la figura de testigos colaboradores. Cuando se conocieron las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas al gobierno estadounidense. Hoy, tras la entrega de los exfuncionarios, parece que esas pruebas han cruzado la frontera y pronto engrosarán los expedientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Escenarios futuros
En las próximas semanas y meses se conocerán las evidencias que sostienen las acusaciones de involucramiento del narcotráfico en la política sinaloense y quizá de otras entidades. Ante esto, el gobierno y Morena deberán definir una estrategia que trascienda la negación de los hechos. Las principales posibilidades son:
- Reconocer que el gobierno de Rocha Moya estaba podrido y que la vinculación con la delincuencia organizada es un hecho condenable, pero contenido al ámbito local.
- Asumir que la penetración del narcotráfico ha afectado la dinámica política en distintas zonas y momentos, y que es necesario realizar una limpia para devolver la honorabilidad al ejercicio del poder.
- Negar la veracidad de los señalamientos, incluso con pruebas, argumentando una conspiración internacional para desestabilizar a un gobierno progresista.
Dada la lógica política de Morena, lo natural sería atender a la primera y tercera opciones. Claudia Sheinbaum puede minimizar costos achacando toda la responsabilidad al grupo de Rocha Moya, o asumir que se trata de una conjura mundial encabezada por élites estadounidenses. En ambos casos, las consecuencias para la credibilidad del gobierno serán significativas.
La presidenta ha afirmado que su dilema político no radica en mandar señales de distancia con su antecesor. Sin embargo, la realidad trasciende el discurso político, y la actitud que asuma definirá si los costos del gobierno de López Obrador serán saldados por ella o si podrá separarse para definir una ruta propia, tanto en la relación con Estados Unidos como en la imagen que la ciudadanía tenga de su gestión.
