No importa cuántas maromas dé el régimen, la suerte del exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses señalados en Estados Unidos por haber trabajado para Los Chapitos a cambio de dinero para ganar la elección en 2021 está echada: serán juzgados en una corte federal en Manhattan, presentes o no, y acusados por narcoterrorismo.
Primeros condenados bajo designación terrorista
Serán los primeros mexicanos condenados bajo la designación del presidente Donald Trump que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de su país, más allá del crimen organizado tradicional.
Blindaje político en México
En México se le sigue protegiendo con blindaje político y vigilancia militar, porque lo que menos quisieran en Palacio Nacional es que lo mataran. No solo el crimen organizado —la facción leal a Ismael “El Mayo” Zambada busca su cabeza— sino sus probables cómplices en la estructura de poder de Morena.
La última defensa en el Zócalo ha sido mediante el silogismo: toda persona contra la que no existe investigación oficial es inocente; no hay investigación contra Rocha Moya; por lo tanto, es inocente. Sin embargo, la ausencia de investigación no prueba inocencia material.
Protección política, no jurídica
En el caso de Rocha Moya, la protección no tiene bases jurídicas; es totalmente política. Hubo denuncias en 2021 de la participación del Cártel de Sinaloa, y en 2024 Zambada lo imputó como cómplice y traidor. El expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fiscalía General dar el carpetazo.
La instrucción corrió transexenalmente por el llamado segundo piso de la transformación. Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Administración Enrique Alfonso Díaz Vega y otros siete exfuncionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia viven dentro de las murallas que ha colocado el régimen obradorista.
Acusación de narcoestado
La acusación del Departamento de Justicia es contundente: construyeron un narcoestado en Sinaloa. La descripción de los fiscales en Manhattan muestra cómo un narcoestado se erigió con dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y facilidades para que Los Chapitos operaran.
En el Zócalo siguen esgrimiendo que no han presentado pruebas los fiscales. Pruebas habrá cuando se inicie el juicio en Manhattan, pero para eso tendría que haberlos detenido la fiscalía mexicana con fines de extradición, como establece el Tratado de Extradición de 1978.
Régimen protege a Rocha Moya
Está claro que no lo van a hacer en este Gobierno, dispuesto a sacrificar la imagen del canciller Roberto Velasco para cuidar a Rocha Moya. Todo el aparato del régimen está en marcha para acuerparlo. Las plumas más sofisticadas de la propaganda obradorista impulsan la normalización del caso.
Los gobernadores acusados por la DEA en el pasado no estaban en activo y no formaban parte de un andamiaje estatal criminal. Rocha Moya es el primer gobernador en activo acusado públicamente en una corte federal, acompañado de su primera línea administrativa, judicial y policial.
Decreto de Trump contra cárteles
Lo que más difiere del pasado es el decreto de Trump sobre la definición de los cárteles como organizaciones terroristas. Serán juzgados y condenados bajo esa designación. La petición de captura con fines de extradición es una pincelada de lo que tienen acumulado en Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump permite a sus agencias utilizar todos sus recursos contra el terrorismo, sancionar a bancos o personas que hicieron negocios con los sinaloenses o el gobierno de Rocha Moya, y autoriza a servicios policiales y de inteligencia a actuar globalmente.
Rocha Moya, pese a vivir amurallado, no puede sentirse tranquilo. Al cumplirse el plazo legal de extradición, si se mantiene el status quo, veremos una segunda fase: quizás evaluar el momento y capturarlo.
