El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 23 personas y entidades presuntamente vinculadas a una red de intermediarios que operaba en México, Guatemala e India para proveer precursores químicos a facciones del Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por la administración de Donald Trump el año pasado.
Detalles de las sanciones
La medida se suma a sanciones recientes contra dos casinos y tres individuos ligados al Cártel del Noreste, como parte del endurecimiento de acciones de Washington contra grupos criminales mexicanos. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los sancionados integrarían “una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cártel de Sinaloa”, dedicada a suministrar “precursores químicos importados principalmente de Asia” para la producción de fentanilo y metanfetamina.
El esquema incluía intermediarios en India que facilitaban la logística y el envío de químicos a México y Guatemala por vía aérea y marítima, ocultos bajo etiquetas de “sustancias químicas seguras”.
Individuos y empresas sancionados
Entre los señalados figuran los comerciantes indios Satishkumar Hareshbjai Sutaria y Yuktakumari Ashishkumar Modi, detenidos en marzo de 2025, quienes operaban mediante empresas como SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals. También fueron sancionados el guatemalteco Jaime Augusto Barrientos Camaz y sus firmas J and C Import y Central Logística de Servicios, así como los mexicanos Karina Carrillo Torres y Régulo Acosta Hernández, presuntamente ligados a la facción de “Los Chapitos”.
El Tesoro incluyó además a María Rugerio Arriaga, José de Jesús Ramírez Torres, la importadora Reyma Global Trading y Ramiro Baltazar Félix Heras, este último identificado como presunto integrante de una facción afín a Ismael “El Mayo” Zambada. Asimismo, fue sancionado el químico Alejandro Reynoso Jiménez, señalado por operar laboratorios clandestinos para “Los Chapitos” antes de su detención en España en noviembre de 2025.
Estas acciones refuerzan la ofensiva de Washington contra grupos criminales mexicanos, sumándose a una serie de penalizaciones ejecutadas recientemente.
