Prisión preventiva dictada por secuestro y abuso sexual en Aguascalientes
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes ha iniciado un proceso judicial en busca de la pena máxima contra un hombre acusado de privar ilegalmente de la libertad a una mujer, quien fuera su expareja, y de abusar sexualmente de ella durante un cautiverio que se extendió por cinco días. La víctima había decidido terminar la relación con el agresor y se había mudado al estado de San Luis Potosí, pero regresó a Aguascalientes por motivos laborales el pasado 15 de marzo.
Interceptación y cautiverio en condiciones extremas
Al salir de un bar, la mujer fue interceptada por su expareja, quien la sometió y la obligó a subir a un vehículo con placas del estado de Zacatecas. El agresor la trasladó primero a un hotel y posteriormente a un domicilio ubicado en la colonia Brownsville, en el municipio de Jesús María. Durante los cinco días de cautiverio, la víctima permaneció amarrada de pies y manos, despojada de sus prendas de vestir, y fue sometida a golpizas y agresiones sexuales repetidas.
Según su declaración, fue golpeada con una pala y le arrojaron diversos líquidos en el rostro, lo que agravó su situación de vulnerabilidad. El 20 de marzo, la mujer logró escapar y solicitó ayuda a través del número de emergencias 911. Las unidades de rescate acudieron de inmediato y lograron ponerla a salvo, constatando que presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.
Detención y medidas judiciales
Tras la denuncia, las autoridades detuvieron al presunto responsable. Un juez le dictó prisión preventiva y lo vinculó a proceso por los delitos de secuestro y abuso sexual. La Fiscalía de Aguascalientes anunció que buscará la pena máxima en contra del imputado, y el juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Actualmente, el detenido permanece interno en el Centro de Readaptación Social (Cereso) varonil de Aguascalientes.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad local, destacando la importancia de la denuncia y la acción rápida de las autoridades en casos de violencia de género. La FGE reiteró su compromiso con la justicia y la protección de las víctimas, instando a la población a reportar cualquier situación similar para prevenir futuros incidentes.
