Endeudarse no es malo. El problema surge cuando la deuda supera la capacidad de pago y cada mes resulta más difícil cubrir los pagos. En esa situación, la reacción más común es endeudarse a tasas de interés más altas para cubrir lo ya debido, un respiro que no resuelve el problema de fondo. Aunque es difícil, la salida es otra: gastar menos, generar más ingresos e impedir que la deuda siga creciendo. Ese proceso se denomina consolidación y consiste en tomar medidas para solucionar un problema de sobreendeudamiento.
La deuda pública en México: un problema de velocidad
Cuando se habla de finanzas públicas, la consolidación fiscal suele aparecer como un concepto técnico, distante y marcado por la política. Y lo es, pero no es un capricho. Es una condición necesaria para que la economía funcione en un entorno de estabilidad y para que el Estado tenga capacidad de actuar cuando más se le necesita. La deuda del gobierno mexicano como porcentaje del PIB no es muy elevada; el problema es la rapidez con la que ha aumentado. Entre 2007 y 2025, el PIB creció un 30% mientras que la deuda pública pasó del 35% al 52% del PIB, lo que refleja que prácticamente se duplicó durante ese periodo.
Este mayor endeudamiento obedeció en buena medida a un bajo crecimiento económico (1.8% anual a lo largo del presente siglo), que se agravó a partir de 2019 (0.9% anual), a choques negativos externos (2008-2009 y 2020) y a las transferencias extraordinarias que recibió Pemex. Pero no solo crece la deuda, sino que además el porcentaje de los ingresos tributarios que el gobierno puede utilizar de manera discrecional es cada vez menor. Si a los gastos asociados con la deuda se suman otros compromisos ineludibles, como el pago de pensiones no contributivas, el envío de recursos no condicionados a los estados y las transferencias sociales, la cifra total equivale al 65% del total recaudado. Es decir, el gobierno federal solo tiene 35 pesos de cada 100 que recauda para financiar el gasto en salarios, transferencias sociales, inversión, etc., lo cual afecta la provisión y calidad de los bienes y servicios que provee, con su consiguiente costo político.
Riesgos macroeconómicos y financieros
En la medida en que el gobierno continúe por la misma senda, el costo político de cumplir con ese gasto ineludible será cada vez mayor. Esto eleva el riesgo macroeconómico del país y, en razón de ello, pueden exigirse mayores tasas de interés al gobierno y a las empresas en general. Pero no solo pueden verse afectadas las tasas de interés, sino también la estabilidad financiera. En el caso de los mercados financieros, un incremento del riesgo país puede traducirse en una menor entrada de capitales y mayor volatilidad cambiaria. Además, cuando aumenta la percepción de riesgo, los inversionistas suelen volverse más cautelosos, lo que acarrea caídas en el precio de las acciones pues se anticipa un entorno de menor rentabilidad empresarial.
Por otro lado, los valores gubernamentales son fundamentales para el sistema financiero porque permiten financiar al gobierno y, al mismo tiempo, son el activo relativamente más seguro y líquido de la economía. Bancos, Afores y otras instituciones los utilizan para invertir, administrar liquidez y respaldar operaciones financieras. En este sentido, un deterioro en el valor de los bonos gubernamentales puede generar problemas de liquidez en las instituciones financieras, dificultar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones contractuales y provocar pérdidas. Episodios prolongados de caída en el valor de los bonos gubernamentales pueden afectar el patrimonio de quienes están próximos a jubilarse, debido a que sus aportaciones están colocadas casi en su totalidad en bonos gubernamentales. Asimismo, muchas empresas utilizan valores gubernamentales como garantía en operaciones de financiamiento. Por ello, una pérdida de valor de estos activos puede reducir el financiamiento destinado a la actividad productiva, así como generar presiones de liquidez, todo lo cual puede debilitar el crecimiento económico e incluso obligar al banco central a desviar su atención de su objetivo principal.
La consolidación fiscal como punto de partida
La consolidación fiscal, en este contexto, no debe entenderse como un ejercicio de austeridad por sí mismo. Se trata, más bien, de construir una trayectoria que permita contener el crecimiento de la deuda y recuperar el margen de maniobra del gobierno. Es una decisión que implica costos en el corto plazo, pero que evita costos mucho mayores en el futuro. Reducir el déficit implica tomar decisiones que afectan intereses concretos: quién paga impuestos y a qué tasa, qué programas y proyectos gubernamentales se reducen o eliminan, y cómo se redefine la relación que el gobierno tiene con el sector privado. Sin un marco institucional que dé certidumbre (reglas fiscales claras, transparencia en el presupuesto, rendición de cuentas), estos procesos, al estar sujetos a la presión política, tienden a volverse erráticos y poco creíbles, con lo que el problema de la deuda, en lugar de reducirse, puede aumentar.
Ahora bien, esto no significa que toda consolidación sea deseable en cualquier momento. El cómo importa tanto como el cuánto. Ajustes abruptos en medio de una desaceleración pueden agravar el problema que buscan resolver. Recortes indiscriminados del gasto pueden afectar la provisión de servicios públicos esenciales. Del mismo modo, aumentos mal diseñados de impuestos pueden desalentar la actividad económica o profundizar la informalidad. Por eso, la discusión relevante no es si consolidar o no, sino cómo hacerlo y cuándo.
La consolidación fiscal no resuelve todos los problemas de la economía mexicana. Pero sin ella, muchos de los otros esfuerzos (impulsar la inversión, mejorar la productividad, fortalecer el sistema financiero y elevar la capacidad de acción del Estado) se vuelven más difíciles de sostener. No es un fin en sí mismo. Es, más bien, el punto de partida para una estrategia de crecimiento más sólida y menos vulnerable. Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX.
