El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México ha anunciado que no respaldará la iniciativa de “Rentas Justas” presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Los legisladores argumentan que la propuesta contiene varios puntos negativos que podrían perjudicar a la ciudadanía.
Principales objeciones del Partido Verde
Regulación de relaciones entre particulares
La iniciativa busca regular los contratos de arrendamiento entre particulares. Sin embargo, el Partido Verde señala que los objetivos principales de una Constitución son reconocer derechos, garantizarlos a la ciudadanía y establecer la estructura institucional del Gobierno. “No tiene fundamento para regular las relaciones entre particulares, ya que es propio de las disposiciones civiles, mercantiles y, en su caso, de comercio. En el país no hay Constitución Estatal que regule este tipo de relaciones contractuales”, comentó Jesús Sesma, coordinador de la bancada.
Fomento del arraigo vecinal y contratos anuales
Los legisladores critican que la iniciativa promueve la permanencia de las personas o “arraigo vecinal”, lo que podría originar contratos de arrendamiento con una duración máxima de un año. “Eso permitiría modificar libremente el precio de la renta cada que concluya un contrato, generando una búsqueda obligada de otros lugares para vivir y/o rentar y, por consiguiente, una vida más nómada”, explicó Sesma.
Conceptos ambiguos y subjetivos
El Partido Verde señala que la propuesta emplea conceptos ambiguos y sujetos a interpretación, como “arraigo vecinal”, “relaciones inquilinarias” y “relaciones justas y equilibradas”. Estos términos no están definidos con claridad en la legislación ni por la Suprema Corte, lo que podría generar arbitrariedad y contrariar los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica.
Creación de una nueva institución pública
La iniciativa propone la creación de una Institución Pública para la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional. Sin embargo, no precisa la naturaleza jurídica que tendrá, si será autónoma ni de quién dependerá. Esto podría duplicar las funciones del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal, que ya tiene reconocimiento constitucional y facultades para diseñar métodos alternativos de solución de controversias entre particulares.
En conclusión, el Partido Verde ha decidido no acompañar la iniciativa de Rentas Justas, argumentando que carece de fundamento constitucional, contiene conceptos ambiguos y podría generar incertidumbre jurídica.
