La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente el pasado 24 de abril el Plan México, un portafolio de inversiones de 277 mil millones de dólares, acompañado del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que asciende a 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, incluidos los puertos. Sin embargo, en una de las entidades clave para esta agenda, una decisión administrativa municipal pone en duda la certidumbre contractual que el gobierno federal ha colocado como pilar de su estrategia de atracción de inversión.
Reestructura de deuda en Veracruz
El 15 de abril, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció, junto con el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, la sustitución de dos créditos heredados con Banobras por un nuevo paquete con BBVA. Según la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), la operación redujo la tasa promedio de 13% a 7%, generará un ahorro acumulado de 2 mil 900 millones de pesos en intereses a lo largo de la vida del crédito y libera aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos anuales en participaciones federales.
La reestructura se apoya en la mejora crediticia que el estado consolidó durante 2025. Fitch Ratings elevó la calificación de Veracruz de A-(mex) a A(mex), con perspectiva estable; HR Ratings la elevó de HR A- a HR A, también con perspectiva estable; y Moody’s la subió de A-.mx a A.mx con perspectiva estable. Las tres revisiones se concretaron en menos de tres meses y constituyen, de acuerdo con analistas financieros consultados, el principal activo reputacional que la entidad ha construido en años.
Requisa de la APP municipal
Ese activo enfrenta hoy un factor de tensión proveniente del plano municipal. El 1 de abril, el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, encabezado por la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo, ejecutó una intervención administrativa bajo la figura de “requisa” sobre el contrato de alumbrado público operado por Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., la primera Asociación Público-Privada (APP) de carácter municipal en la historia del país. El contrato, firmado en 2017 a 15 años, fue estructurado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), registrado en su Unidad de Inversiones, ratificado por dos terceras partes del Congreso del Estado de Veracruz y auditado por PricewaterhouseCoopers.
El mecanismo de pago del contrato opera a través de un fideicomiso administrado por Fiduciaria Multiva, con fuente de pago en participaciones federales y cesión de flujos registrada ante Hacienda. Fuentes del sector financiero consultadas para esta nota indicaron que cualquier desvío sistemático de pagos fuera del fideicomiso rompe la lógica de garantía que sostiene la calificación estatal y, por extensión, la propia reestructura con BBVA. Las mismas fuentes señalaron que, en caso de un eventual incumplimiento sostenido, el fiduciario podría iniciar acciones para hacer efectivas las garantías sobre participaciones federales, un supuesto que tendría implicaciones inéditas en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Lo que está en juego no es un contrato municipal aislado; es la credibilidad de figuras contractuales como las APP municipales, que se había pensado replicar en otros estados, y también el activo financiero que el gobierno estatal ha construido”, declaró a este medio un analista de infraestructura que pidió reserva de su nombre por el carácter activo del caso.
Patrón de auditorías y posibles rescisiones
La acción municipal no es aislada. En su primera sesión del 1 de enero, el Cabildo del Puerto de Veracruz aprobó por unanimidad iniciar una auditoría integral, técnica, legal, financiera, operativa y documental a Grupo MAS, empresa privada concesionaria del servicio de agua, con vistas a una eventual revocación o rescate. En febrero, el Congreso estatal autorizó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) ejecutar dicha auditoría. Se trata del mismo patrón: revisar contratos firmados por administraciones anteriores con la intención manifiesta de revocar.
Contexto federal y estatal
La discusión llega en un momento sensible para la narrativa económica federal. La presidenta Sheinbaum visitó Veracruz el 21 de abril para encabezar la ceremonia del 112 aniversario de la Gesta Heroica del Puerto en Antón Lizardo, en una entidad que el propio Plan México coloca entre las estratégicas por su papel portuario y logístico. Tres días después, en Boca del Río, la gobernadora Nahle convocó la Primera Reunión Regional de Trabajo para el Saneamiento Financiero Municipal con 113 alcaldesas y alcaldes de la región centro, bajo el argumento de liberar recursos para servicios y obra pública en los 199 ayuntamientos de la entidad.
Por su parte, Wardenclyffe Veracruz Puerto ha mantenido una postura institucional. La empresa reiteró al Cabildo su disposición a una mesa de diálogo, ofreció soporte técnico complementario y donaciones, y confirmó que las 44 mil 535 luminarias instaladas en el municipio continúan operando. Hasta el cierre de esta nota, la concesionaria no había recibido respuesta formal del Ayuntamiento a su propuesta más reciente, entregada por Oficialía con copias institucionales a SEFIPLAN, ORFIS, SHCP y BBVA.
“La reestructura BBVA es un hito importante que no se construyó en un día y puede deteriorarse con señales menores. Una acción municipal que rompa un contrato con respaldo federal es exactamente el tipo de señal que las calificadoras monitorean”, añadió la fuente del sector financiero consultada por este medio.
Señal para los mercados
La pregunta que observan los mercados no es jurídica sino de señal: si la primera APP municipal del país puede ser intervenida unilateralmente por una administración entrante, sin dictamen técnico independiente, sin debido proceso y sin notificación a las autoridades federales que validaron su estructura, ¿cuál es la garantía real para los contratos firmados bajo esta figura en otros municipios? Y si una entidad federativa logra reestructurar su deuda en condiciones favorables gracias a la confianza construida durante años, ¿qué ocurre cuando esa confianza se tensa por decisiones de uno de sus municipios?
