La desconexión entre el discurso político y la realidad urbana de Guadalajara
La nombran con facilidad, la invocan cuando conviene, la usan como escenario de sus disputas, pero no la conocen realmente. Conocer una ciudad no es simplemente citarla en discursos: es caminarla sin prisa, cruzarla sin agenda predeterminada, escuchar genuinamente a sus habitantes cuando no hay campañas electorales ni micrófonos mediáticos, reconocer sus ritmos cotidianos, sus memorias colectivas y aquello que, pese a todo, aún la sostiene.
Lo que verdaderamente sostiene a Guadalajara
Y lo que sostiene a Guadalajara, incluso frente a sus evidentes fracturas sociales y políticas, es una noción de convivencia que todavía distingue con claridad entre desacuerdo legítimo y demolición sistemática, entre crítica constructiva y revancha partidista, entre participación auténtica y manipulación interesada. Por esta razón resulta particularmente alarmante la ligereza con que algunos actores políticos pretenden manipular las únicas herramientas que aún conservan valor real para la ciudadanía como mecanismos de defensa frente al poder establecido.
No se trata de fortalecer estas herramientas, no se busca protegerlas del abuso institucional, sino que el objetivo parece ser vaciarlas de su naturaleza ciudadana esencial para convertirlas en armas políticas. El problema no radica en perfeccionar un instrumento cívico valioso; el verdadero peligro consiste en desfigurarlo por completo: tomar un mecanismo diseñado específicamente para equilibrar el poder y ponerlo al servicio exclusivo de coyunturas políticas inmediatas, arrancarle su lógica fundamental de contrapeso institucional para volverlo rentable únicamente como presión, castigo o facción.
Cuando las herramientas ciudadanas pierden su propósito
Cuando este proceso de instrumentalización ocurre, la ciudadanía en su conjunto pierde irremediablemente. Las herramientas ciudadanas son valiosas precisamente porque no nacieron para complacer a ningún grupo particular; surgieron históricamente para defender a la sociedad en general, para recordarle constantemente al poder que entre una elección y otra existen límites constitucionales, exigencias sociales legítimas, cauces institucionales y derechos fundamentales. Representan, en esencia, protección civil organizada frente a la arbitrariedad del poder.
Por eso, cuando se las debilita estratégicamente en nombre de una participación ficticia, lo que se erosiona no es solamente un procedimiento legal formal; se erosiona la capacidad real de la gente para hacerse escuchar efectivamente sin quedar atrapada en las dinámicas destructivas de polarización extrema. Este preocupante proceso ya hemos sido testigos a nivel federal en años recientes.
Primero llegó el discurso seductor de la transformación radical; luego, la descalificación sistemática y pública de todos los contrapesos institucionales; más tarde, la idea peligrosa de que toda institución que incomoda necesariamente estorba y toda regla que limita debe "corregirse" según intereses particulares. El resultado final no fue una ciudadanía más fuerte y empoderada, sino instituciones más frágiles, más expuestas al interés político inmediato y menos capaces de responder a quienes originalmente debían proteger.
¿Repetirán la fórmula a nivel local en Jalisco?
La pregunta crítica que surge ahora es: ¿acaso quieren repetir esta misma fórmula perniciosa en el ámbito local? Guadalajara debería encender urgentemente una alarma propia ante esta posibilidad. Esta ciudad metropolitana puede ser crítica y severa en sus juicios, pero históricamente no suele premiar el abuso disfrazado de virtud cívica.
Aquí existe una reserva cívica importante que comprende algo esencial: cuando una institución deja de responder genuinamente al ciudadano común para comenzar a responder exclusivamente a la coyuntura política inmediata, deja de ser garantía democrática y se vuelve amenaza institucional. Cuando la única herramienta de defensa ciudadana se transforma en proyectil político, deja de pertenecer legítimamente a la gente y pasa a pertenecer a quien mejor sabe manipularla tácticamente.
Porque las ciudades también se deterioran progresivamente cuando se acostumbra a la gente a perder defensas institucionales a cambio de consignas políticas vacías. Vale la pena recordar históricamente que la primera Ley de Participación Ciudadana en Jalisco fue propuesta precisamente por la hoy alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Gracias a esa visión legislativa, desde 2016 los ciudadanos de la zona metropolitana contamos con una herramienta formal para incidir en la vida pública local.
Y ahí reside, quizá, la diferencia más nítida y reveladora: existen quienes crean instrumentos institucionales para que la ciudadanía participe genuinamente, y existen quienes solo piensan estratégicamente en cómo convertirlos en armas políticas para destruir adversarios.
