Condenan a 100 años de prisión por desaparición forzada de personas trans en Zapopan
En un fallo judicial histórico, Yaneth Miroslava "N" fue declarada culpable el pasado 4 de febrero de 2026 por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2020 en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde desaparecieron Kenia y Karla, mujeres trans, junto con Jaime Adrián Ramírez.
La sentencia impuesta alcanzó los 100 años de prisión, marcando un precedente significativo en un contexto nacional donde la impunidad suele prevalecer, especialmente en casos que involucran a personas transgénero.
Organizaciones civiles: "La sentencia no es el final"
Diversas organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el caso desde sus inicios emitieron un pronunciamiento conjunto. Calificaron la resolución como un hecho relevante en medio de la impunidad que caracteriza muchos procesos judiciales en México.
Sin embargo, subrayaron con firmeza que esta condena no representa una conclusión del caso mientras se desconozca el paradero de las víctimas. A más de cinco años de los hechos, Kenia, Karla y Jaime Adrián siguen desaparecidos.
La búsqueda incansable de las familias
Durante este prolongado periodo, las madres de las personas desaparecidas han encabezado labores de búsqueda de manera constante y exhaustiva. Estas acciones se han desarrollado incluso en condiciones de riesgo evidente, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco mantiene abierta la investigación, pero las organizaciones señalan que los avances han sido insuficientes para localizar a las víctimas.
Violencia estructural contra la comunidad trans
Las agrupaciones civiles destacaron que este caso evidencia la violencia estructural que enfrentan las personas trans en Jalisco y en todo México. La desaparición se vincula directamente con factores como:
- La transfobia arraigada en sectores de la sociedad
- La precarización económica y laboral de esta población
- La falta de acceso efectivo a la justicia
- La discriminación institucional sistemática
Advirtieron que las personas transgénero enfrentan mayores riesgos de violencia y, simultáneamente, encuentran mayores obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Exigencias concretas a las autoridades
En el documento presentado, las organizaciones plantearon demandas específicas a las autoridades estatales y federales:
- Intensificar las acciones de búsqueda con todos los recursos disponibles
- Garantizar la continuidad de la investigación hasta esclarecer plenamente los hechos
- Reconocer oficialmente el componente de violencia por identidad de género en este caso
- Brindar acompañamiento integral, protección y reparación a las familias de las víctimas
Además, solicitaron que la sentencia de 100 años se mantenga firme, incluso si la defensa interpone recursos legales, y que el proceso no derive en impunidad ni en revictimización de las familias.
Justicia completa: encontrar, nombrar y prevenir
Las organizaciones recalcaron que la resolución judicial no debe considerarse el cierre del caso. Sostuvieron que la justicia para las personas trans también implica:
- Encontrarlas con vida o determinar su paradero
- Nombrarlas con respeto a su identidad de género
- Generar condiciones sociales e institucionales para que estos hechos no se repitan
Llamado a los medios de comunicación
Finalmente, hicieron un llamado especial a los medios de comunicación para:
- Dar seguimiento permanente al caso hasta su resolución completa
- Informar con respeto a la identidad de género de las víctimas
- Evitar la normalización de la desaparición de personas trans en México
- Contribuir a visibilizar la violencia estructural que enfrenta esta comunidad
Este caso se desarrolla en un estado donde, según organizaciones locales, se registran numerosas agresiones contra la comunidad LGBTQ+, particularmente contra mujeres trans, en un contexto de alarmante impunidad.
