Vinculan a proceso a 13 militares por homicidio de niñas en Sinaloa
Un juez de Control en Los Mochis, Sinaloa, dictó auto de vinculación a proceso contra trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual. Los militares están implicados en las muertes de las niñas Leidy y Alexa, además de causar lesiones a dos adolescentes y dos adultos en un ataque ocurrido en mayo de 2025.
El trágico incidente en Cieneguilla
El 6 de mayo de 2025, en la comunidad de Cieneguilla, municipio de Badiraguato, la familia de las niñas transitaba en una camioneta rumbo a la escuela. Al encontrar el camino bloqueado, decidieron retornar por la misma carretera. Fue entonces cuando, sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano que circulaba en el carril contrario abrió fuego contra el vehículo civil.
Alexa y Leidy, primas de 7 y 11 años respectivamente, perdieron la vida en el acto. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa jurídicamente a los padres, ha señalado que este caso evidencia "los efectos más lesivos y dolorosos del despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de vulnerabilidad y violencia".
La audiencia y la resolución judicial
El pasado 6 de abril, el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, emitió el auto de vinculación después de una audiencia a la que asistieron los padres de las víctimas. Agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial de Investigación de Casos Complejos presentaron pruebas que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada, sin observar la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
La defensa de los militares, que incluyó a un representante de la Defensoría de Oficio Militar adscrita a la Sedena, intentó justificar la actuación argumentando que los soldados estaban en "un estado de alerta y nerviosismo" debido al contexto de violencia en Sinaloa. Sin embargo, el juez desestimó este alegato.
Fundamentos de la decisión judicial
En su resolución, el juez de control consideró que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal al accionar sus armas contra la camioneta. Además, no se actualizó ninguna causal de exclusión de responsabilidad.
Durante la audiencia, los padres de Leidy y Alexa manifestaron cómo este evento "destruyó irreparablemente su proyecto de vida" y expresaron su interés en que la justicia sea diligente y expedita. La orden de aprehensión contra los 13 militares se había notificado a las víctimas sobrevivientes el 31 de marzo.
Implicaciones y desafíos institucionales
El Centro Prodh destacó que esta determinación judicial conlleva nuevos retos para la Fiscalía General de la República (FGR) en la etapa de investigación complementaria. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación debe llevar a cabo un proceso respetuoso de los derechos humanos que demuestre su independencia en casos relacionados con las Fuerzas Armadas.
La organización, que ha representado varios casos de víctimas de abusos militares, considera que el homicidio de Leidy y Alexa "pone rostro a los efectos más lesivos y dolosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos". Subraya la necesidad de que las más altas autoridades emitan mensajes claros para que hechos como este no se repitan.
Para el Centro Prodh, este caso ocurrido durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja la constante impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Las familias continuarán en su proceso de denuncia y exigencia de justicia, no solo para las dos niñas, sino para todas las víctimas de la militarización perpetuada a lo largo de diversas administraciones.
